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“Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad de los hechos aquellos que perdieron a amigos y parientes y que continúan sufriendo como si muriesen de nuevo y siempre cada día”, dijo Rousseff, con voz entrecortada por la emoción, al mencionar a los familiares de las víctimas.
Rousseff garantizó que la comisión no será movida ni por “odio” ni por “revanchismo” para llevar adelante sus investigaciones.
Todos los presidentes en vida desde el fin de la dictadura participaron junto a la mandataria en el solemne evento en el palacio presidencial: su padrino político Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Fernando Collor de Mello (1990-92) y José Sarney (1985-90), actual presidente del Senado.
La presidenta invistió en el cargo a los siete miembros de esta comisión, que durante dos años investigarán hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos, aunque bajo la condición de no levantar la amnistía de 1979 que impide enjuiciar y encarcelar a los represores y que fue ratificada por la Corte Suprema en 2010.
La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, dijo que la comisión es “un paso necesario y muy esperado en el proceso de rendir cuentas”, en un mensaje leído durante el evento.
Pillay, que aboga por la derogación de la ley de amnistía, defendió la creación de esta comisión en un viaje a Brasil en 2009.
Las excompañeras de celda de Dilma Rousseff a inicios de los años ’70, encarceladas por enfrentar la dictadura, fueron invitadas al evento, así como familiares de víctimas del régimen militar.
“Esta comisión puede ser un comienzo, pero yo quiero que los torturadores sean juzgados, no acepto la amnistía”, dijo a la AFP Ieda Akselrud de Seixas, quien conoció a Rousseff en la cárcel.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin “efectos jurídicos” la ley de amnistía brasileña, y algunos fiscales están intentando abrir juicios penales contra represores, pero la Corte Suprema ha insistido en su validez.
El proyecto para crear la Comisión de la Verdad fue presentado por el expresidente Lula y generó en su época una crisis con los militares. El gobierno finalmente pactó los términos y aceptó que la comisión pueda investigar un período mayor al de la dictadura e incluso los actos de los disidentes políticos y no solo la represión del Estado.
“Yo creo que su sentido es investigar los delitos del Estado”, estimó no obstante el expresidente Cardoso, en sintonía con la mayoría de miembros de la comisión.
Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, contra 30.000 en Argentina (según organismos de derechos humanos) y más de 3.200 en Chile.
Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85) , Uruguay (1973-85) , Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83) . En todos esos países, a excepción de Brasil, hubo o hay juicios contra represores.
La Comisión de la Verdad está formada por el juez Gilson Dipp, el exministro de Justicia José Carlos Dias, los abogados Rosa Maria Cardoso da Cunha –que defendió a Rousseff durante la dictadura– y José Paulo Cavalcanti Filho, el exprocurador Claudio Fontelles, el sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro y la psicóloga Maria Rita Kehl.