Carles Puigdemont propuesto como candidato a presidir Cataluña

“Propondré a la cámara al diputado Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat (gobierno catalán)”, anunció en una comparecencia en Barcelona el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, tras reunirse la semana anterior con los diferentes partidos.

“Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont (...) pero soy consciente también de su absoluta legitimidad para ser candidato”, añadió Torrent que no fijó la fecha del debate que debe celebrarse como muy tarde el 31 de enero.

Puigdemont se arriesga a ser detenido si vuelve a España para su investidura y por eso quiere ser escogido a distancia por el parlamento, donde los independentistas tienen mayoría absoluta tras las elecciones del 21 de diciembre.

Los comicios fueron convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy, tras intervenir la región de 7,5 millones de habitantes y que representa casi un 20% del PIB español, horas después de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

Puigdemont recibió la noticia de su designación en Dinamarca, donde aterrizó por la mañana en su primer viaje público fuera de Bélgica desde que se instalara el 30 de octubre en ese país.

En un debate organizado por la Universidad de Copenhague sobre el conflicto catalán, el líder independentista reclamó a la Unión Europea reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y se mantuvo firme en sus planes de restituir su “gobierno legítimo” destituido por Rajoy.

“No vamos a capitular frente al autoritarismo, a pesar de las amenazas de Madrid. Pronto formaremos un nuevo gobierno”, dijo Puigdemont.

La fiscalía española aprovechó su viaje para intentar reactivar una orden de detención pero el juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra él y el núcleo duro del independentismo declinó la petición.

En su argumentación, el magistrado Pablo Llarena alegó que Puigdemont buscaba “la provocación de una detención en el extranjero” para poder ser investido a distancia, alegando que su ausencia “no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.

En diciembre, este juez ya retiró la euroorden existente para evitar divergencias entre la justicia belga y la española sobre la tipificación de los hechos, dando al expresidente libertad de movimiento en Europa.

Esta causa judicial ha puesto en aprietos a los independentistas. Aunque ganaron la mayoría absoluta del parlamento regional en los últimos comicios, tres de sus diputados están en prisión preventiva en Madrid y otros cinco en Bélgica.

El presidente del parlamento regional pidió reunirse con Mariano Rajoy para buscar una solución a “la situación anómala que vive el parlamento en el que ocho de sus diputados ven vulnerados sus derechos políticos”, dijo Torrent.

Él y los otros seis miembros del órgano rector del parlamento, tres de ellos también separatistas, deberán decidir si aceptan una investidura no presencial aunque los servicios jurídicos de la cámara lo consideren antirreglamentario.

“La posibilidad de afrentar esta investidura es una cuestión política”, remarcó Torrent, anunciando también que quiere reunirse con Puigdemont y los otros siete diputados imputados.

El expresidente regional dispone en principio del apoyo de su formación Juntos por Cataluña (centroderecha) y el otro gran partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) que, sin embargo, se muestra escéptico sobre la investidura no presencial.

Estos dos grupos suman 66 diputados sobre 135. El gobierno español y la oposición advirtieron repetidamente que harán todo lo posible para bloquear su toma de posesión. Por ejemplo, podrían recurrir la investidura al Tribunal Constitucional para que invalide su votación y nombramiento.

“No es admisible que una persona que vive fuera de España pueda presidir la Generalitat (ejecutivo catalán), que sea investido sin acudir al parlamento”, ha advertido Rajoy.

Si fuera así, el artículo 155 de la Constitución gracias al que el gobierno central controla la autonomía regional desde octubre se continuará aplicando, aseguró. Un bloqueo podría desembocar en nuevas elecciones.