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El viernes se completa el plazo otorgado al Congreso estadounidense para oponer algún tipo de bloqueo a la medida. Considerado tácitamente por todas las partes como un paso fundamental para que La Habana y Washington puedan finalmente restablecer sus relaciones diplomáticas, la salida de Cuba de la famosa lista fue notificada por el presidente Barack Obama al Congreso el pasado 14 de abril.
La normativa, no obstante, da al Congreso 45 días para interponer una resolución bicameral que bloquee la decisión ejecutiva, y ese período se extingue irremediablemente el viernes. Como el Congreso se encuentra esta semana de vacaciones y por lo tanto sin sesiones, las posibilidades de que los legisladores retornen a Washington de emergencia antes de la medianoche del viernes para tratar de este tema son vistas como casi nulas.
Con el vencimiento del plazo legal, el proceso apenas prevé la formalidad de publicación de la medida en el diario oficial estadounidense, el Federal Register, lo que de acuerdo con fuentes diplomáticas deberá ocurrir el lunes.
La salida de Cuba de esa lista cerraría así un ciclo que se inició en 1982, cuando el país fue añadido al grupo. La justificativa, en ese momento, era que Cuba servía de santuario a militantes de la organización vasca ETA y soporte a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En los últimos años, sin embargo, la permanencia de Cuba en la lista -en compañía de Siria, Irán y Sudán- se había tornado más y más difícil, ya que el país pasó a ser el principal agente y el escenario de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia.
El histórico anuncio del 17 de diciembre pasado sobre el inicio de conversaciones para el restablecimiento de relaciones bilaterales entre La Habana y Washington hizo insostenible la presencia de Cuba en esa lista. Fuentes diplomáticas llegaron a admitir que era un “factor de irritación” incluso en las relaciones de Estados Unidos con otros países latinoamericanos.
Finalmente, en la víspera de la Cumbre de las Américas, el Departamento de Estado envió a Obama un documento interno aconsejando la remoción de Cuba de la lista, y días más tarde el presidente notificó al Congreso sobre su decisión.
La salida de Cuba de la lista significaría que saldría paralelamente de una Regulación de Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , ligada al Departamento del Tesoro. Este grupo especial de sanciones se aplica exclusivamente a los países que constan en la polémica lista y son implementadas por diversos departamentos, como los de Estado, Comercio, Defensa y Tesoro.
Al salir de la lista, Cuba se vería libre de sanciones que se apoyan en enmiendas introducidas a tres leyes: una que veta el acceso a los programas estadounidenses de ayuda, una que prohíbe las exportaciones de armas y municiones, y una tercera que impone licencias especiales para el intercambio comercial.
Además, la normativa prevé que Estados Unidos debe oponerse a la membresía de esos países a entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o bloquear su acceso a programas de asistencia financiera.