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La decisión, que deberá ser validada por el Senado, también controlado por el oficialismo, fue aprobada esta madrugada, tras ocho horas de debate, dijo la Cámara de Diputados en un comunicado.
De 77 parlamentarios en sala, 55 aprobaron iniciar un juicio de contra las magistradas Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, por los presuntos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes”.
Según la Cámara baja, Chanez y Velásquez fueron denunciadas por dos notarias por la emisión en marzo pasado de un auto constitucional que suspendió la aplicación de la nueva Ley del Notariado, “violando varias normas legales”, una decisión que en su momento fue criticada por el vicepresidente Álvaro García Linera.
Hace dos meses, García Linera, que preside el Parlamento, dijo que aquella decisión del TC “sienta un nefasto, terrible e ilegal precedente en contra del funcionamiento del Estado”, por lo que pidió al Legislativo asumir medidas al respecto.
En declaraciones a la radio Erbol, Chanez indicó hoy que el auto constitucional emitido sobre el tema no es un fallo, sino una “medida cautelar”, es decir que la suspensión de la Ley del Notariado es provisional mientras se analizan los aspectos observados a esa norma.
Según Chanez, por la “fuerza y celeridad” con que el Congreso aprobó el inicio del juicio, se puede ver “que hay un interés particular” del Ejecutivo o del Legislativo, “como si tuviesen las horas y días contados para alguna otra situación”.
“Si se ha llevado con tal saña y celeridad, no sabemos hasta dónde es el interés de llegar. Lo que corresponde es asumir una adecuada defensa”, añadió la magistrada y no descartó llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La aprobación del juicio fue criticada por la oposición, que denunció que esta acción supuestamente busca destituir a las magistradas para reemplazarlas por jueces funcionales al Gobierno para permitir la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
La diputada Marcela Revollo, del opositor Movimiento sin Miedo (MSM) , expresó su preocupación por lo que consideró “un nuevo intento” del oficialismo de aprobar una ley que “descabeza” al TC, con el objetivo de que ese tribunal sea “obediente a los designios del MAS y a los deseos de Evo Morales de perpetuarse en el poder”.
“Esta es la demostración de cómo el Gobierno persigue y amedrenta no solo a opositores, sino también a las autoridades judiciales que no estuvieron de acuerdo con la re-reelección y que no están de acuerdo con la injerencia política en la administración judicial”, dijo por su parte el diputado Alex Orozco, de Convergencia Nacional.
El TC ya ha sido criticado por haber avalado con un fallo la nueva candidatura de Morales, que en las elecciones de octubre próximo buscará la reelección para un tercer mandato hasta 2020.
Pese a que la Carta Magna promulgada por el mismo Morales hace cinco años establece solo dos periodos consecutivos, el TC argumentó que el primer período del mandatario (2006-2010) no cuenta para el cómputo porque el país fue refundado en 2009.