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Esta muerte ha tendido un manto de sospechas expresadas por el oficialismo, la oposición y la ciudadanía, que convocó para el lunes a las 20:00 (23:00 GMT) una protesta frente a la casa de Gobierno y en las afueras de la residencia presidencial de Olivos, para pedir “Justicia por Nisman este 26E”.
Entretanto, en la fiscalía la prensa aguarda este lunes a la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de sus dos hijas de 7 y 15 años.
Arroyo manifestó al diario El Cronista: “Hay algunas cuestiones que me preocupan acerca de la investigación”.
Nisman, de 51 años, apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su apartamento en Buenos Aires el domingo de la semana pasada, horas antes de comparecer ante el Congreso para detallar una grave denuncia contra el Gobierno.
Desde hacía 10 años era titular de la fiscalía especial AMIA, encargada de investigar el atentado contra la mutual judía en 1994, el más grave en la historia argentina, con 85 muertos y 300 heridos.
El miércoles antes de morir, Nisman denunció por encubrimiento a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, por la negociación con Irán que derivó en el memorándum de entendimiento que firmaron ambos países para encontrar a los responsables de aquel atentado.
Varios juristas sostuvieron que la denuncia carece de pruebas sólidas.
“Se trata de una denuncia ridícula, bochornosa”, dijo este lunes Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia. Nisman “no puede haber escrito semejante cosa”.
Lagomarsino, el colaborador que hasta ahora parece ser la última persona en haber visto con vida a Nisman, le prestó el arma Bersa calibre 22 de la que salió la bala que lo mató.
El joven informático, quien declaró a la justicia que llevó el arma al departamento a pedido del propio Nisman, está imputado por prestar el arma de fuego, delito penado con entre 1 a 6 años de prisión.
En una entrevista, Lagomarsino contó que el fiscal le pidió el arma porque el exagente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso le recomendó -a Nisman- que se cuidara de su custodia y que se ocupara de la seguridad de sus hijas.
El gobierno levantó sospechas sobre el papel que pudo haber desempeñado Stiuso, removido de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia en diciembre.
Stiuso trabajaba estrechamente con Nisman desde que el fiscal fue designado en 2004 para investigar el atentado a la AMIA.
Nisman tenía diez custodios para su protección, pero el domingo de su muerte ninguno reparó a tiempo que el fiscal llevaba varias horas sin salir de su apartamento.
Según la prensa local, las declaraciones de estos policías han revelado contradicciones, y uno de ellos, el de mayor confianza con Nisman, lo persuadió en los últimos días de que no se comprara un arma.
La comunidad judía argentina, con unos 300.000 integrantes, la mayor en América Latina, no participará el martes del acto por el Día de Conmemoración del Holocausto en la Cancillería, a cargo de Timerman, según decidieron las autoridades comunitarias.
Los motivos fueron “el desacuerdo con el Memorándum firmado con Irán, la muerte dudosa del fiscal Nisman y la molestia con el canciller Timerman”, dijeron portavoces a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
“No iremos porque realizaremos un acto en la AMIA”, informó a la AFP Ariel Cohen, presidente de la federación de comunidades judías y Tesorero de AMIA.
Julio Schlosser, presidente de la DAIA, organización que nuclea unas 140 entidades judías, indicó que “es un momento sensible” y afirmó a la AFP que con la denuncia y la muerte de Nisman “se generaron dudas en toda la comunidad”.
Ambos dirigentes recalcaron que estuvieron “en desacuerdo desde el primer momento con la firma, en enero de 2013, del Memorándum firmado con Irán”, que interpretaron como un error en la política exterior de Kirchner.
“Que sea la justicia que decida si (la denuncia) es cierta o no” dijo Schlosser a la AFP tras aclarar que “la DAIA no juzga, no condena pero tampoco absuelve”.