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BRASILIA. Brasil amaneció hoy en shock tras la crisis desatada por una ola de investigaciones masivas sobre la corrupción en el poder político, mientras el gobierno de Michel Temer buscaba bajarle el tono a una situación que golpea al gabinete y a la cúpula del Congreso.
Con el aval de la máxima Corte, la investigación pasará de nuevo a manos del Ministerio Público, que decidirá si presenta o no una denuncia ante el Supremo. Este, a su vez, tendrá la responsabilidad de aceptarla -y procesar a los investigados- o archivarla.
Entre el centenar de políticos citados en los testimonios que han prestado exdirectivos del grupo Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial en torno al caso Petrobras, están los cinco expresidentes vivos que tiene el país, que gobernaron desde la recuperación de la democracia, hace ya 32 años.
Se trata de José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
La lista divulgada la noche del martes apunta también contra el núcleo duro del Legislativo y del Ejecutivo, que gobierna Brasil desde que el conservador Michel Temer llegó a la presidencia el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff (izquierda) por manipular las cuentas públicas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó abrir 76 procesos contra 98 personas, que involucran a ocho ministros -inicialmente se reportaron nueve, pero la corte aclaró que un caso fue devuelto a la fiscalía para ser revaluado-, un tercio del Senado (24 de 81), casi 40 diputados y tres gobernadores, sin distinción de ideologías.
La noticia literalmente vació al Congreso en la víspera y amenaza con frenar las reformas económicas que impulsa Temer para sacar al país de la recesión. Pero el equipo de Temer buscó transmitir “normalidad”.