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BRASILIA. El embargo suma unos 30 millones de reales, equivalentes a poco menos de 10 millones de dólares.
Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores cuestionaron la medida y repitieron que está en curso una “persecución política” contra Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción.
La justicia determinó que el expresidente brasileño recibió de una constructora un apartamento de lujo, valorado en alrededor de un millón de dólares, como pago por beneficiar a dicha empresa con contratos amañados en la estatal Petrobras.
Por otra parte, el Supremo Tribunal postergó el debate sobre un recurso genérico que podría beneficiar a Lula. El mencionado recurso plantea que los condenados en segunda instancia (sentencia confirmada y ejecutoriada), como el propio Lula, no podrían ser apresados, como ocurre hasta ahora con todos, mientras exista cualquier recurso disponible, aunque este no pueda revertir la pena.
La decisión de no debatir la constitucionalidad de la prisión para los condenados en segunda instancia pasó para la próxima semana.