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“Me reservo el derecho a quedar callado” , dijo Costa ante los miembros de la comisión que investiga casos de corrupción en la petrolera en una sesión pública.
Pese a la negativa de Costa a declarar, los legisladores insistieron en hacerle preguntas.
El inculpado, que está preso pero fue autorizado a presentarse ante la comisión, dijo que tampoco hablaría si la sesión pasaba a ser reservada, aunque la posibilidad de que declare en secreto fue rechazada por la comisión tras un airado debate.
Los legisladores de la denominada Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) Petrobras llegaron a preguntar a Costa si participó de la compra sobrevalorada de la refinería Pasadena (Texas, Estados Unidos) o si se ha acogido al mecanismo de ’delación premiada’, por el cual puede reducir su pena si delata a los involucrados en la red de corrupción en la que está implicado.
En todas las ocasiones, la respuesta de Costa fue similar. “Con todo respeto, no tengo nada que declarar” , insistió el inculpado, de cabello blanco y estrenando bigote, que llegó al Congreso en medio de fuertes medidas de seguridad.
Costa denunció a más de 50 legisladores, en su mayoría del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y de dos partidos de la coalición gobernante, de haber recibido coimas de parte de empresas que cerraban contratos con Petrobras, según informaciones de prensa basadas en declaraciones del exdirector a la policía. Las denuncias aún no han sido verificadas.
El exjerarca de Petrobras involucró en el esquema al presidente del Senado, Renán Calheiros, y al de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, ambos del PMDB (centroizquierda) , agrupación aliada del gobierno.
También fue implicado el ministro de Energía, Edson Lobao, y el hoy fallecido exgobernador de Pernambuco y excandidato presidencial del Partido Socialista Brasileño (PSB) , Eduardo Campos, quien murió en agosto en un accidente aéreo y fue reemplazado por la ecologista Marina Silva.
La prensa local asegura que Costa hizo las denuncias a la policía con la perspectiva de reducir sus penas, que podrían alcanzar hasta 50 años.
Los políticos acusados han rechazado los cargos. Precisamente, durante la sesión, los parlamentarios del PT y del PMDB respaldaron una sesión abierta porque, a su juicio, no había nada que esconder.
Tanto la presidenta, Dilma Rousseff, del PT, como Silva del PSB han pedido la publicación de las conclusiones de la investigación policial y han rechazado acusaciones basadas en la filtración de un testimonio a la prensa.