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SAN SALVADOR. Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de que se instalara.
El exgobernante y el resto de imputados fueron trasladados esta mañana a la sede de los tribunales salvadoreños, donde los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador permitieron a la defensa de tres de los implicados responder a los alegatos iniciales de la Fiscalía.
Se trata de los exempleados de la Casa Presidencial Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes son acusados de colaborar en el desvío y lavado de los fondos estatales y cuyo proceso se desarrolla de manera “común”, dado que el resto de acusados negociaron un “juicio abreviado” con la Fiscalía.
Tania Pastor, una de las defensoras de estas personas, señaló que los imputados no tenían “ningún ánimo de apropiarse” de los fondos del Estado y que obedecieron órdenes “totalmente legales” de la Presidencia.
Agregó que el origen de los fondos del “gasto reservado” del Gobierno que estas personas movieron a cuentas particulares “no era ilegítimo” y el dinero se movía según las órdenes de Saca.
Apuntó que “no hay ninguna legislación que le diga al presidente cómo manejar los fondos reservados", que supuestamente sirven para el pago de la inteligencia estatal.
En un movimiento legal inesperado, Saca y tres de sus excolaboradores aceptaron durante la primera jornada del juicio confesar -en fecha aún por establecer, en un “juicio abreviado”– la forma en la que extrajeron y lavaron más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
Los otros implicados que se acogieron a este beneficio legal fueron los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión, mientras que Rank y Funes solo serán condenados a cinco años de cárcel, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) , Jorge Cortez, celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un “hecho histórico”.