Familiares de secuestrados en Ecuador piden que su caso no caiga en el olvido

“Realmente las autoridades no nos han confirmado ningún otro comunicado, además de la prueba de vida. Estamos impacientes porque necesitamos más información”, declaró hoy a Efe Alejandro Ortega, hermano del periodista que integra el equipo secuestrado y del que no tiene noticias desde hace siete días.

El comunicador Javier Ortega, 32 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor, Efraín Segarra, de 60, se habían desplazado el 26 de marzo desde Quito a la provincia de Esmeraldas (noroeste) para recoger testimonios sobre la situación en la zona fronteriza, escenario de ataques contra fuerzas ecuatorianas atribuidos a grupos organizados armados residuales.

Esa misma noche el Gobierno ecuatoriano confirmó su secuestro, del que apenas han trascendido detalles oficiales aparte de que se mantienen negociaciones con los captores, que no han pedido rescate. Desde entonces, periodistas y ciudadanos de a pie se han sumado a las muestras de solidaridad para pedir su pronto regreso.

“De eso se tratan las vigilias diarias, para que vean que no están solos y si esto no sigue, el tema decaería y eso es lo que no queremos”, comentó Ortega. Insistió en que las familias confían en que “las autoridades estén haciendo lo pertinente para que vengan sanos y salvos”, pero al mismo tiempo, mostró incertidumbre ante la falta de información en un proceso sobre el que las autoridades les están pidiendo discreción.

Recuerda que su hermano solía despedirse diciendo: “Chao, ñaño (coloquialismo ecuatoriano para hermano), que te vaya bien” y dice que la familia está destrozada incluida una perrita, que echa en falta su presencia. Describe las sensaciones que ha experimentado desde la ausencia como “dolor, zozobra, impotencia, incertidumbre, falta de sueño, la comida no entra como antes”, por lo que los familiares reciben apoyo psicológico por parte de la Unidad Antisecuestros Y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional.

Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista Paúl Rivas, que conoció precisamente trabajando, pues ella también es periodista, explicó la razón por la que el domingo las familias se decidieron a hacer públicos los nombres de los capturados.

“Pasados siete días desde la confirmación del secuestro hemos considerado que ha pasado ese tiempo prudencial para no entorpecer las investigaciones y que es hora de que el país y la comunidad internacional sepan quiénes son estos tres ciudadanos ecuatorianos”, manifestó. Cree que “no es un problema solo de la prensa o de los medios de comunicación, sino del país” porque los comunicadores acudieron a la región fronteriza precisamente para cubrir la inseguridad dominante desde hace dos meses.

Trata de mostrar cierta mesura al asegurar que “lo que nosotros podemos decir es que sabemos que están bien” y que así se lo transmitieron las autoridades en la última reunión de crisis, el sábado. Precisó que lo último que se conoce de ellos ese lunes es que desayunaron y salieron del hotel de San Lorenzo con dirección a la población de Mataje y que atravesaron un retén policial tras lo que se les perdió la pista.

“Asimilar un secuestro es una cosa tremenda. Es una cosa que te choca terriblemente y las primeras sensaciones no sabes cómo manejarlas”, subraya antes de asegurar que “no hay una sola parte del cuerpo y del alma que no te duela”. Confiesa que la hija de su pareja, de 20 años, está demostrando una entereza poco usual de la que su progenitor estaría “muy orgulloso”.

Cristian Segarra, hijo de Efraín, el conductor del vehículo con más de 15 años trabajando para el periódico, también es periodista de El Comercio y conoció en la propia redacción que se había perdido la pista al equipo. En un primer momento, trató de mantener la calma y no dio mucho asunto a la falta de comunicación con el equipo desplazado a Esmeraldas, pero cuando el servicio de emergencias ECU911 convocó a los familiares presintió que su padre había sido secuestrado: “Me pareció que era obvio lo que estaba ocurriendo”.

Analiza varios posibles escenarios, pero subraya que “no es un tema económico”, aunque se mostró “impotente” por no poder conocer ni precisar cuáles son los intereses que mueven a los secuestradores, o a qué grupo pertenecen. Espera una mayor implicación del Gobierno colombiano en el caso y afirma que “la responsabilidad ha recaído más bien en el lado ecuatoriano”.