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Las autoridades franceses han informado al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, “de una serie de medidas tomadas en el marco del estado de emergencia instaurado tras los atentados terroristas de gran amplitud perpetrados en París”.
Dichas medidas “son susceptibles de requerir una derogación de ciertos derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos”, añade el comunicado. La notificación de esa derogación está prevista en el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ésta estipula que “en caso de guerra u otro peligro público que amenace la vida de la nación”, un estado firmante “puede tomar medidas que deroguen las obligaciones” de la convención.
El Consejo de Europa, que no es un organismo de la UE, deja claro no obstante que la convención sigue vigente en Francia, y que algunos de los derechos contemplados no podrán incumplirse, en particular el derecho a la vida y la prohibición de infligir torturas o tratos inhumanos o degradantes. Tampoco puede derogarse el principio afirmado en el artículo 7 de la convención, según el cual no puede imponerse una pena sin que haya una legislación que la avale, señala el Consejo de Europa.
El estado de emergencia fue instaurado en Francia la noche de los atentados del 13 de noviembre en varios puntos de París y en el municipio de Saint Denis, que se cobraron 130 muertos y más de 350 heridos. El dispositivo, prolongado hasta fines de febrero por el Parlamento francés, da más poderes a la policía, que puede efectuar registros o vigilar electrónicamente a sospechosos sin la autorización previa de un juez.
El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo el jueves que el estado de emergencia no significa “el abandono del estado de derecho, porque el estado de derecho prevé” aplicar dicho dispositivo. El Consejo de Europa no se pronunciará sobre la validez de la decisión francesa. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), garante de la convención, podrá hacerlo si se le presentan demandas precisas relativas al incumplimiento en Francia de dichos derechos.