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El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen la votación y advirtió que quienes organicen y realicen actos para interferir en los comicios serán castigados con “prisión de cinco a diez años”.
En un ultimátum para que Maduro suspenda la elección, los opositores alistan para el viernes una gran marcha en Caracas y este jueves cumplen el segundo día de una huelga de 48 horas, tras una primera jornada con tres muertos en violentos disturbios, que elevaron a 106 los fallecidos en las protestas que iniciaron hace cuatro meses.
Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia este jueves con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump por “minar la democracia” y “responsabilidad” en actos de violencia o corrupción.
En la comparecencia, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, rechazó esas sanciones y prometió que las votaciones serán garantizadas por la Fuerza Armada, clave en el sostén del gobierno y a la que Maduro dio enorme poder político y económico.
Ante un multitud de seguidores, en el cierre de campaña de la Constituyente, Maduro reiteró que “llueva, truene o relampaguee, la Constituyente va”, para traer paz y bonanza económica al país, pese a las presiones internas y externas.
El Presidente llamó a votar masivamente en la elección de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna y regirán el país por tiempo indefinido con facultades absolutas.
“La Constituyente viene a blindar todos los logros del proceso revolucionario (...). Estaremos el día domingo en el ojo del huracán y demostraremos al mundo que el pueblo de Venezuela (...) le diremos sí a la Constituyente”, declaró a la AFP Jelitza González, vecina de Los Teques, en las afueras de Caracas.
Maduro, exchofer de autobús de 54 años, quien sustituyó al fallecido presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013), acusa a sus adversarios de promover la violencia para darle un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
Pero no solo Estados Unidos ha presionado para frenar la Constituyente. Gobiernos de Latinoamérica y Europa han expresado preocupación por un agravamiento de la crisis y de la violencia.
“Esta es la carta definitiva, de todo o nada, de un gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia, y esto tiene un costo”, aseguró a la AFP la analista Colette Capriles, al referirse a la pérdida de respaldo internacional y a la convulsión social.
Según analistas, tanto el rechazo interno como externo afectan la legitimidad de la Constituyente, por lo que el gobierno busca evitar una alta abstención, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.
La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido, pese a su riqueza petrolera, en una profunda crisis económica, donde la comida y las medicinas escasean, los precios suben todas las semanas y el salario no alcanza para nada.
Zonas de Caracas y de otras ciudades amanecieron este jueves desoladas, con escombros y barricadas en algunas calles, y en varios sectores ocurren enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.
Según la oposición, el paro fue acatado en 92% el miércoles, aunque el gobierno dice que fracasó pues la estratégica industria petrolera funcionó normalmente.
“Son horas decisivas. ¿Qué pasa si se impone la Constituyente? Se va a agravar la crisis. ¿A dónde quiere Maduro llevar al país? ¿A una explosión social?”, lanzó el líder opositor Henrique Capriles.
La oposición asegura que con la Constituyente Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de los venezolanos según la firma Datanálisis, busca perpetuar al chavismo en el poder e instalar un sistema comunista.
La oposición decidió no participar en la Constituyente, alegando que no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida.
Con ese poder, podrá incluso eliminar el Parlamento de mayoría opositora y a una Fiscalía rebelde, han amenazado dirigentes del gobierno.
Será un “cheque en blanco”, advirtió la fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro, al llamar a los venezolanos a hacer todo para detenerla.