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Esta vez los ataques fueron dirigidos hacia las ciudades de Jinotepe y Diriamba, en el Pacífico, así como en Matagalpa, en la zona norte de Nicaragua. El ataque más fuerte lo recibieron Jinotepe y Diriamba, donde al menos 3 personas murieron, sin embargo, la cantidad podría elevarse una vez que las “fuerzas combinadas” del Gobierno levanten el estado de sitio impuesto en la zona.
Dichas fuerzas, integradas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al Gobierno de Daniel Ortega, impidieron la entrada o salida de personas en todo el departamento (provincia) de Carazo, al que pertenecen Jinotepe y Diriamba, según pudo constatar Efe. “Debido a la situación no hemos podido saber cuántos muertos y heridos dejaron estos ataques”, dijo a Efe el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El exgerrillero y mayor en retiro de las Fuerzas Armadas, Roberto Samcam, denunció que el Gobierno utilizó a personas vestidas de civil para manipular armamento exclusivo del Ejército de Nicaragua en los ataques, como los lanzacohetes portátiles rusos RPG 7, ametralladoras PKM y granadas de mano.
El ataque ocurrió un día después de que Ortega afirmó que continuaría “luchando por la paz” en Nicaragua. Esta “no es la forma en que se construye la paz”, dijo el cardenal Leopoldo Brenes, durante la homilía dominical en la catedral de Managua, visiblemente decepcionado.
El Episcopado advirtió que evaluará si vale la pena que continúe el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que representa a la población. “Lo vamos a valorar (...) esperamos que el diálogo no se caiga, pero hemos llegado a una situación en la que verdaderamente hay que preguntarse si este camino el Gobierno está dispuesto a seguirlo recorriendo”, advirtió el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
La violencia gubernamental obligó a un grupo de artistas a posponer el concierto “Un canto por Nicaragua”, previsto para este domingo frente a la Catedral de Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente. Las protestas contra Ortega iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.