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“Es apremiante luchar por cambios en el sistema electoral y de actuar presentando propuestas innovadoras que recojan el sentir de los excluidos”, dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Marco León Calarcá, uno de sus delegados en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano.
“Es momento de que (...) se genere la confianza que permita la conversión de la guerrilla en movimiento político alternativo, que pueda poner en alto la voz de los desposeídos”, dijo Calarcá, al comentar el cierre de las inscripciones de candidatos para las elecciones locales y regionales del 25 de octubre en Colombia.
Las FARC están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos desde 2012 un acuerdo para acabar un conflicto armado interno de medio siglo, el último en América, que ha dejado unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
Calarcá justificó la necesidad de reformas afirmando que en Colombia los candidatos a cargos de elección popular “navegan en ríos de dineros del erario público y de negocios ’non sacntos’ (...), contando con los avales de partidos y movimientos que, con pocas excepciones, más parecen redes delincuenciales al servicio de intereses personales”.
Sostuvo que en la presente campaña “hay al menos 140 candidatos a alcaldías y gobernaciones que estarían vinculados a organizaciones criminales, o cometiendo delitos electorales (...), con el agravante de que el 90% de ellos cuentan con avales de partidos tradicionales y con la herencia de estructuras criminalizadas”.
El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sellaron en noviembre de 2013 un acuerdo parcial sobre “participación política” de la guerrilla una vez que se firme la paz y abandone las armas, pero no contempla reformas electorales, hasta donde se sabe.