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“El periodo legislativo que se inicia este 20 de julio entraña para los congresistas la más alta responsabilidad histórica al sesionar en un momento decisivo para la paz (...) La reconciliación está tocando hoy las puertas de Colombia y exige cambios estructurales que vayan difuminando, progresivamente, el más largo conflicto armado” de la región, reza la carta.
Firmada por el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez (Timochenko), y el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, la misiva insta también a los congresistas a que legislen “a favor del conjunto de la sociedad colombiana y no de minorías privilegiadas”, a la vez que asegura que “la paz de Colombia reclama un alto en las viejas costumbres y mecánicas de actuación del estamento parlamentario”.
“Señoras y señores legisladores: sin duda los problemas y los temas a discutir en función de la paz encierran una complejidad extraordinaria, son un reto que todos deseamos enfrentar para tener definitivamente paz y justicia social, patria y democracia verdadera”, dicen los guerrilleros.
La carta de los líderes de las FARC y el ELN reitera así el mandato que pesa sobre el Congreso de legislar en torno a un posible postconflicto, tal como les pidió a los parlamentarios el domingo -durante la instalación del nuevo periodo legislativo- el presidente Juan Manuel Santos.
“Este será, no les quepa la menor duda, el Congreso de la paz”, dijo Santos a los parlamentarios, mostrándose positivo sobre el desarrollo de los diálogos en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) y los acercamientos para entablar una mesa paralela con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista).
En referencia a las negociaciones de paz, la misiva de los guerrilleros a los congresistas pide a su vez que lo que se acuerde durante los diálogos sea “asimilado a un gran Tratado de Paz, blindado por una decisión del pueblo soberano” para asegurar su trascendencia.
El conflicto armado colombiano, del que han participado además de guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y agentes del Estado, ha dejado cientos de miles de muertos en medio siglo y más de 5 millones de desplazados por la violencia.