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El decreto, cuyos detalles prácticamente se desconocen pero que apuntan a medidas controvertidas como órdenes de allanamientos colectivos, provoca inquietudes en un país que hace solo una treintena de años salió de una dictadura militar.
La decisión de intervenir Río, inédita desde la restauración de la democracia en 1985, fue considerada como una “medida extrema” por el propio mandatario para encauzar la escalada de violencia en el segundo estado más rico y el tercero más poblado del país.
Los militares tienen una buena imagen en Brasil, sin haber sufrido el desgaste de otras instituciones afectadas por los escándalos de corrupción. ¿Pero podrán solucionar los problemas profundos que acompañan esa ola violenta?
Muchas voces críticas consideran que debería haber un mayor foco en los programas sociales en un estado con tantas desigualdades.
“Sin una educación de calidad, no llegaremos a ningún lado. No se hace nada para ayudar a los jóvenes de los barrios pobres para que puedan entrar en el mercado de trabajo”, deplora Marcos Valério Alves, coordinador de la asociación de vecinos de Complexo do Alemao, uno de los conjuntos de favelas más violentos de Río.
“Los niños solo van a la escuela en la mañana o en la tarde y el resto del tiempo están en las calles y ven a otros chicos caminando por el barrio con fusiles de asalto. ¿Qué pueden esperar del futuro?”, se pregunta, criticando una “falta de voluntad política”.
Para la socióloga Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, el decreto se tomó “para servir al proyecto político de Temer”.
El mandatario es acusado de querer desviar la atención mientras le acechan los escándalos de corrupción y, sobre todo, cuando parece incapaz de aprobar una polémica reforma del sistema de jubilaciones reclamada por el mercado. Hay quienes, incluso, ven en esta medida el arranque de una campaña de Temer para presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, aunque era una posibilidad inicialmente descartada.
“Su popularidad está bajo mínimos y Temer intenta invertir esta curva para ver si consigue ser candidato”, dice Lemgruber, remarcando que el decreto expira al final de su mandato, el próximo 31 de diciembre.
La socióloga cree que aunque una mejor coordinación de las fuerzas de seguridad puede permitir luchar más eficazmente contra la criminalidad a corto plazo, la población no puede esperar una solución milagrosa a largo plazo.
En las favelas, los barrios pobres donde se concentra principalmente la violencia de Río, las preocupaciones van mucho más allá del plano político. Sus habitantes conviven con tiroteos cotidianos, en medio de la guerra de las facciones de traficantes y duros operativos policiales, con numerosos agentes acusados de estar coludidos con el crimen organizado.
“La gente en las favelas tiene cada vez más miedo. El decreto quizás solo sea una maniobra política, pero son ellos quienes están en primera línea en caso de abusos de las fuerzas de seguridad”, alerta Anderson França, autor de “Río en llamas” y cronista en las redes sociales del día a día en las favelas, en una entrevista telefónica con la AFP.
“Las intervenciones militares en Río siempre fueron violentas, agresivas, represivas. No creo que las fuerzas armadas estén allí para promover el diálogo”, afirma França, preocupado por la posible impunidad en caso de sucesos trágicos.
“Los soldados solo pueden rendir cuentas delante de un tribunal militar, lo que debilita a las asociaciones que acostumbran a denunciar los abusos policiales”, concluye.
Unas preocupaciones avivadas por las declaraciones del ministro de la Defensa Raul Jungmann, que el lunes afirmó que el Ejército desea obtener autorización para emitir mandatos de arrestos colectivos para buscar un sospechoso, lo que extendería los allanamientos a toda una calle o todo un barrio y no solo a un domicilio. Las voces críticas contra el decreto incluso se han hecho escuchar desde la Corte Suprema.
El juez Marco Aurelio Mello manifestó en una entrevista con Estado de Sao Paulo sus “serias dudas” sobre la capacidad del decreto de Temer de resolver la corrupción enquistada en la policía o de frenar la guerra entre bandas.