Juicio por corrupción a Cristina Kirchner

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrenta su primer juicio por un caso de corrupción en una causa, de las cuatro que enfrenta, por asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante todo su mandato.

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La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a, entre otros imputados, quien fuera ministro del área de obras públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos ya en prisión preventiva por otras causas.

El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto "direccionamiento" de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Kirchner y su esposa.

La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo “fraudulento” de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.

A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial.

Todo mediante licitaciones con “múltiples irregularidades” destinadas a favorecer al empresario.

 Cuatro causas abiertas

En total, la ex jefa de Estado está procesada en cuatro causas, dos de ellas por corrupción.

En marzo de 2017, otro juez anunció que la sentará en el banquillo por el millonario perjuicio económico del Estado que presuntamente generó la decisión de su Gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del que se manejaba en el mercado en esos momentos.

Además, enfrenta una orden de detención –que no se ha hecho efectiva por contar con fueros parlamentarios– por el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados del ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

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