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06 de Junio de 2017 19:00

 

Las protestas laborales cercan el poder político de Colombia

Por EFE

BOGOTÁ. Miles de trabajadores colombianos, encabezados por los profesores de las escuelas públicas, se manifestaron hoy en Bogotá donde llegaron hasta la Plaza de Bolívar, para reclamar mejoras laborales.

El llamado lo hicieron originalmente los docentes, que comenzaron una huelga el pasado 11 de mayo y que ya habían hecho dos grandes marchas en Bogotá.

En esta, la tercera, esperaban convocar a decenas de miles de personas y aunque el número no fue tan elevado comenzaron a manifestarse a primera hora de la mañana con tres marchas que se encontraron en la Plaza Bolívar.

“Marchamos para dignificar la profesión docente y para que el Gobierno nacional le gire recursos al situado fiscal para que se pueda sostener la educación pública en los años venideros, de no ser así sería un colapso”, advirtió a Efe Nelson Díaz, uno de los maestros que se unieron a la protesta.

Precisamente hoy el presidente Juan Manuel Santos afirmó que su Gobierno no puede “ofrecer más”, a los educadores porque ya llegó “al límite” y no cuenta con recursos.

“Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible”, dijo Santos en una declaración a periodistas durante la posesión de la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo.

A través de su cuenta de Twitter, Santos agregó que debido a su compromiso con la educación el Ejecutivo que preside ha incrementado en 12 puntos el salario de los profesores por encima de cualquier servidor público.

Como respuesta, Díaz aseveró que la ministra del ramo, Yaneth Giha, ha estado recurriendo a “evasivas y ha estado dilatando la situación”, pero aseveró que el sector está “en pie de lucha”.

A la convocatoria de los profesores se sumaron otros sectores como los funcionarios de la rama judicial, los arroceros, trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y empleados de banca, entre otros.

Los arroceros, que llegaron desde todas las esquinas de Colombia, tomaron el centro de la capital y concluyeron su concentración frente al Ministerio de Agricultura al que principalmente le piden que renegocie los tratados de libre comercio (TLC).

“Estos tratados son una competencia desleal a nuestro producto, producimos prácticamente con nuestras uñas, estamos debiendo a los bancos, al agrocomercio y esta situación se incrementa día a día, por esa situación de descompensación en el mercado porque nosotros los colombianos podemos producir este cereal aquí”, dijo Nelson Roa, vocero de la plataforma “Dignidad arrocera”.

Los asistentes aseguran que producen lo suficiente para satisfacer la demanda interna e incluso para exportar al exterior.

Roa también denunció que Colombia vive un oligopsonio, nombre que se utiliza cuando en un mercado hay un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios.

Entre las reclamaciones de los empleados de la rama judicial está que se incremente el personal dedicado al sector para poder mejorar el servicio, así como incrementos salariales, según detalló a Efe el presidente del sindicato de funcionarios y empleados de la rama judicial Vocero Judicial, Ramiro Luis Orlando Chinchilla.

La demanda judicial en Colombia “es bastante alta”, según Chinchilla, lo que considera que ha “impedido desarrollar una justicia rápida, eficiente y eficaz”.

Chinchilla también aseguró que la situación se puede ver empeorada con el inicio del posconflicto con las FARC, que considera que también “recae en la rama judicial” al tener que afrontar “toda una serie de conflictos de tierras, tensiones y situaciones” que deben enfrentar.

Al Gobierno colombiano se le cerró sin embargo otro de los frentes abiertos, el del paro en Buenaventura, ciudad donde está ubicado el principal puerto de Colombia en el Pacífico.

Allí llegaron a un acuerdo con los líderes de la protesta tras una jornada de negociación de más de 15 horas.

El acuerdo puso fin a la protesta que afectó a la ciudad por 21 días y en la que pidieron más atención del Estado.

 
 

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