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La causa investiga los delitos de “encubrimiento, peculado y privación ilegítima de la libertad” en un juicio iniciado en 2015 para echar luz sobre maniobras de desvío de la investigación. Las sentencias se esperan para marzo de 2018.
El atentado fue cometido el 18 de julio de 1994. Dejó 85 muertos y 300 heridos cuando una explosión derrumbó por completo el edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en una zona comercial del centro de Buenos Aires.
Argentina ha acusado formalmente a exgobernantes de Irán por preparar y ejecutar el ataque con explosivos que derrumbó el edificio donde funcionaban entidades rectoras de la colectividad judía, una de las mayores de Latinoamérica con más de 300.000 miembros. A 23 años de aquel atentado, no hay ningún detenido y nadie lo reivindicó.
La causa tiene en el banquillo al exmandatario Menem (1989-1999), al exjuez de la causa Juan José Galeano, el exjefe de los servicios de Inteligencia Hugo Anzorreguy y al exlíder de la colectividad judeo-argentina, Rubén Beraja, como principales figuras.
También a los fiscales Eamon Mulen y José Barbaccia y al vendedor de autos usados Carlos Telleldín, sobre un total de trece personas.
Menem, de 87 años y tres veces senador nacional afrontó otros juicios, uno de los cuales por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno, causa en la que fue condenado pero evitó ir a prisión por sus fueros parlamentarios. También fue condenado en otra causa por pago de sobresueldos durante su gobierno.
En el banquillo en la causa por encubrimiento, Menem se negó a dar precisiones. Argumentó que si hablaba “podría afectar los intereses de la Nación y causar el rompimiento de la convivencia pacífica” con otros países. La frase sólo echó más sombras sobre el caso. Cuando le tocó el turno a Galeano, dijo que era inocente y que “siempre había buscado la verdad” para hallar a los culpables.
El juicio busca esclarecer el pago de una recompensa de 400.000 dólares que Galeano y Anzorreguy le ofrecieron a Telleldín para que acusara por el atentado a un grupo de jefes policiales. El pago del soborno está comprobado mediante un video y los policías ya fueron absueltos tras comprobarse que eran inocentes.
Los familiares de las víctimas afirman que existió una maniobra que involucró a Menem y a Beraja para montar una cortina de humo que buscaba confundir la investigación. Para ello fue necesario un cúmulo de complicidades.
Fuentes de la causa sospechan que un empresario sirio amigo de Menem y ya fallecido, Alberto Kanoore Edul, pudo haber colaborado en el atentado. Los investigadores señalan a Telleldín como el hombre que vendió la camioneta que fuera usada como coche-bomba.
“A Telleldín (un soplón de la policía) le pagaron para que mintiera”, afirmó en el juicio Diana Malamud, quien perdió a su marido, Andrés, en el ataque. Dos años antes del atentado a la AMIA Argentina sufrió otro atentado en este caso contra la sede de la embajada de Israel. El ataque dejó 29 muertos, 200 heridos y ningún culpable para la justicia.
En el largo proceso judicial los familiares de las víctimas han sido los principales escrutadores de la investigación.
“Nuestros ojos puestos allí son la garantía de un proceso transparente e imparcial que, esperamos, pueda traernos la justicia por la que hace años luchamos”, dijo en un comunicado Memoria Activa, que reúne a familiares de las víctimas y es parte querellante.
La causa por encubrimiento se abrió luego de que en 2004 la justicia anulara la investigación que había realizado el exjuez Galeano por irregularidades. Galeano fue destituido en 2005. Otra causa por encubrimiento y “traición a la patria” se cursa en los tribunales. Los acusados son la expresidenta Cristina Kirchner y su excanciller Héctor Timerman, entre otros.
Un juez asegura que Kirchner hizo aprobar en el Parlamento un memorándum con Irán para desviar el foco puesto en los acusados.
Pero el exjefe de Interpol Ronald Noble se ofreció a declarar ante la justicia que las alertas rojas para arrestar a los iraníes nunca dejaron de estar vigentes y que Kirchner no tenía autoridad para pedir que cesaran. La justicia sostiene que había acuerdos secretos.