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La búsqueda de 43 estudiantes de Ayotzinapa se intensificó las últimas semanas, incluso fuera del estado de Guerrero, siguiendo cuatro nuevas líneas de investigación derivadas de declaraciones de los detenidos, dijo a la AFP Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos.
Los padres y abogados de los 43 estudiantes mexicanos se reunirán el jueves con Arely Gómez, procuradora General de la República, para conocer los avances de las nuevas líneas de investigación, luego de la creación en octubre pasado, en respuesta a sus demandas, de una unidad especializada para la búsqueda de desaparecidos.
“Se está trabajando de manera exhaustiva en las cuatro líneas”, dijo Campa en entrevista, en la que precisó que se han realizado 600 operaciones de búsqueda, incluidas en el Estado de México, donde se han hecho 40 operativos, y en Puebla, dos céntricas regiones del país y aledañas a Guerrero (sur).
Además de la versión oficial de que los estudiantes habrían sido asesinados en el basurero de Cocula, hay otras tres hipótesis sobre nuevos sitios que podrían ser el destino a donde fueron llevados los muchachos.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las autoridades coinciden en que la noche del 26 de septiembre de 2014, policías atacaron brutalmente a los estudiantes en Iguala (100.000 habitantes) y que desaparecieron cerca de la media noche a manos de uniformados del vecino municipio de Cocula y de integrantes del cartel de Guerreros Unidos.
“La gran pregunta es: ¿qué hicieron con los muchachos después de desaparecerlos?”, señala Roberto Campa.
El exfiscal Jesús Murillo Karam dijo en diciembre de 2014 que los jóvenes fueron llevados a un remoto basurero de Cocula, donde habrían sido asesinados e incinerados, y que sus restos fueron arrojados en bolsas de plástico al cercano río San Juan.
Esta versión es rechazada por familiares de las víctimas y puesta en duda por el grupo de expertos que coadyuva en la investigación, bajo el argumento de que no hay pruebas de un incendio esa noche en el basurero capaz de reducir casi a cenizas más de 40 cadáveres.
La fiscalía se ha comprometido a integrar un nuevo grupo de expertos para realizar otro peritaje en el basurero.
La segunda hipótesis está relacionada con declaraciones del sicario detenido Marco Antonio Ríos Berber, que confesó que trece estudiantes habrían sido trasladados esa noche a Pueblo Viejo, un paradero en la periferia de Iguala que conduce a un cerro de tupida vegetación.
Según está declaración, nueve de los estudiantes habría habrían sido asesinado a balazos, rociados con gasolina y calcinados y cuatro más golpeados, amarrados y abandonados inconscientes en ese lugar.
En esos días, vecinos que habitan humildes casas de madera en Pueblo Viejo, dijeron que la noche de la tragedia vehículos y patrullas recorrían levantando la tierra del camino que sube al cerro y recordaron haber escuchado gritos.
Otra versión está vinculada a la declaración de un detenido que dijo que un grupo de jóvenes habría sido trasladado a una casa Lomas de Zapatero, un humilde barrio de estrechas y polvorientas calles enclavado en las faldas de la sierra cercano a Pueblo Viejo.
En octubre de 2014 la fiscalía dijo que un pistolero había confesado que 17 estudiantes habían sido asesinados y quemados en Pueblo Viejo.
En días posteriores a la desaparición, un ejército de peritos forenses con vehículos especiales, perros detectores de restos humanos y sofisticados aparatos rastrearon esos cerros, en los que a postre fueron descubiertas decenas de fosas clandestinas, pero ninguna correspondían a los 43 estudiantes.
La cuarta hipótesis se deriva de las declaraciones de uno de los conductores de los autobuses en los que viajaban los jóvenes antes de desaparecer, que habría escuchado decir a policías, mientras lo tenían detenido con los estudiantes, “ya viene los de Huitzuco” por los estudiantes.
Huitzuco, es un peligroso municipio cercano a Iguala y Cocula, donde el cartel de Guerrero Unidos mantiene una violenta disputa con la organización criminal de Los Rojos.
Las autoridades han dicho que los policías coludidos con Guerreros Unidos atacaron a los jóvenes porque temían que entre ellos hubiera infiltrados de Los Rojos.
“El esfuerzo que se ha hecho en estas últimas semanas es extraordinario”, dijo Roberto Campa.
El subsecretario admite que el grupo de expertos de la CIDH, cuyos integrantes mantienen reuniones cotidianas con las autoridades, ha sido fundamental para recuperar la confianza de los familiares en la investigación.
Los familiares suspendieron el diálogo con las autoridades tras la impactante revelación del basurero de Cocula que el exfiscal definió como “la verdad histórica”.