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“Incluso una persona como Breivik condenada por hechos tan horribles debe ser tratada humanamente y con respeto”, declaró un representante del Estado noruego, Marius Emberland, en un alegato con el que buscó invalidar las razones de la condena pronunciada en abril de 2016.
El tribunal de Oslo había dado entonces parcialmente razón a Breivik y estimado que su trato en prisión era, en algunos aspectos, “inhumano” y “degradante” en violación al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, criticando en particular el aislamiento prolongado del detenido.
El 22 de julio de 2011, disfrazado de policía, Breivik mató a 69 personas, en su mayoría adolescentes, en un campamento de verano en la isla de Utoya. Un poco antes con una bomba había matado otras ocho personas en Oslo. El extremista de derecha de 37 años fue condenado en agosto de 2012 a 21 años de prisión, una pena que puede ser prolongada indefinidamente si se lo considera peligroso.
En la cárcel, Breivik se encuentra en una celda de tres piezas con televisión, videojuegos y aparatos de musculación. Sin embargo, está aislado del resto de los prisioneros por razones de seguridad. La semana pasada, al declarar al inicio del juicio, Breivik dijo estar “gravemente afectado por el aislamiento y la radicalización es quizás la secuela más grave de mi aislamiento”.
Se queja también de la estrecha vigilancia de su correspondencia o de los cacheos corporales, así como la utilización de esposas, en particular durante los primeros tiempos de su detención. El Estado objeta la noción de aislamiento evocando las múltiples actividades que puede hacer, la correspondencia que mantiene y su interactividad con los vigilantes, el personal médico, los pastores religiosos y sus abogados.
El juicio terminará el miércoles con el alegato del abogado de Breivik. La sentencia se espera en febrero.