Perú declara en emergencia sus prisiones y aprueba uso grilletes electrónicos

El Gobierno de Perú declaró en emergencia por dos años su sistema penitenciario por razones de “seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura”, y aprobó usar grilletes electrónicos para reducir la concentración de presos, según dos decretos.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/KVM7LWFLHNASLFL57H4CP3D25Q.jpg

Cargando...

LIMA. Los decretos fueron publicados hoy en el diario oficial El Peruano.

Los grilletes electrónicos serán impuestos por mandato judicial a procesados que estén encarcelados de manera preventiva y cuyo delito imputado no tenga una pena superior a los ocho años de prisión, y también para aquellos reclusos con una condena menor a los ocho años.

Estarán impedidos de solicitar el uso de grilletes electrónicos aquellos imputados o condenados por los delitos de asesinato, parricidio, feminicidio, sicariato, lesiones graves, secuestro, trata de personas, violación, extorsión, tenencia ilícita de armas, tráfico ilícito de drogas y minería ilegal.

Tampoco aquellos que tengan atribuidos delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, atentado contra la integridad nacional, inteligencia desleal, revelación de secretos nacionales, desobediencia militar, colusión, peculado, cohecho, soborno, corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Los reclusos con prioridad para acceder a los grilletes electrónicos serán los mayores de 65 años, las embarazadas, enfermos graves, discapacitados y mujeres con hijos menores de 3 años.

La población de reclusos de Perú es de 81.000 presos, que se distribuyen en 69 prisiones con capacidad para 31.000 internos, de los que 27.000 son reclusos primarios, con condenas menores a ocho años, y susceptibles de solicitar el uso de grilletes electrónicos, según dijo hoy la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

Otro decreto contempla la construcción de nuevas prisiones, para lo que facultó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a adquirir terrenos y edificar nuevos pabellones en aquellas cárceles donde todavía exista espacio disponible.

La norma también ordenó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) transferir al Inpe terrenos para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

Facultó además al Inpe para cambiar de cárcel a cualquier recluso que ponga en riesgo la seguridad penitenciaria, atente contra la integridad del personal de la prisión, o esté involucrado en la comisión de un delito.

El Inpe, por su parte, deberá mejorar los sistemas electrónicos de acceso y salida de personas y bienes, instalar arcos detectores de metales y aparatos de rayos X en las áreas de prevención para el control de visitas, además de más cámaras de vigilancia y bloqueadores de señal telefónica, entre otros.

En materia de salud, las autoridades penitenciarias deberán promover programas de atención sanitaria para los reclusos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y trasladar a centros especializados aquellos que requieran atención en salud mental.

Para reducir la corrupción, el Inpe también tendrá que implementar antes de noventa días canales para recibir quejas y denuncias de actos de corrupción a través de mecanismos presenciales, virtuales y por teléfono.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...