/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/RCAGFJI7RBBRBKLQSDNKTWZBLQ.jpg)
Cargando...
La llamada Nueva Escuela Secundaria es resistida con tomas y asambleas estudiantiles en 17 escuelas secundarias de Buenos Aires, primer distrito donde será instrumentada a partir de 2018 pero que luego alcanzará a todo el país.
“Necesitamos una escuela ágil, una escuela moderna, una escuela que los prepare sobre competencias para adaptar y aprender a lo largo de toda la vida”, defendió el lunes la ministra de Educación de Buenos Aires, Soledad Acuña.
Los estudiantes rechazan, entre otros puntos, la obligatoriedad de prácticas laborales no remuneradas que la reforma plantea deberán hacer todos los alumnos de nivel medio del último año en empresas o instituciones.
Sin embargo, el Gobierno estima que esta modalidad ayudará a la articulación entre la escuela y el mundo del trabajo, en tanto sindicatos alertan sobre un nuevo modo de flexibilización laboral.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad propuso una instancia de mediación entre estudiantes y el ministerio de Educación para destrabar el conflicto.
Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos expresaron su preocupación sobre la eventual respuesta del Estado a través de fuerzas de seguridad para poner fin a las protestas.
La voz de alerta se produce en el marco de denuncias contra el gobierno de Mauricio Macri por la actuación policial frente a manifestaciones sociales.
El caso cobra mayor peso en medio de la búsqueda de Santiago Maldonado, un joven artesano desparecido desde el 1 de agosto en el sur del país durante la represión policial a una protesta mapuche. Amnistía Internacional reclamó este martes informes a la alcaldía de Buenos Aires sobre un supuesto “instructivo sobre la forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas” .
“Amnistía Internacional manifiesta su preocupación sobre la referencia a que estos hechos podrían constituir delitos o contravenciones, en una muestra de la criminalización del derecho de participación de los estudiantes, lo cual es incompatible con un Estado de derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestarse y reclamar a las autoridades”, sostuvo.