Veinte años de cárcel para líderes de movimiento de protesta en Marruecos

CASABLANCA. Cuatro de los líderes del movimiento de protestas sociales que convulsionó Marruecos en 2016 y 2017 fueron condenados el martes a 20 años de cárcel por participar en un complot para atentar contra la seguridad del Estado.

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La condena más leve para los 53 acusados juzgados por su participación en el movimiento es una multa de 5.000 dírhams (unos 520 dólares).

Las demás penas van de dos a 20 años de prisión, según la sentencia pronunciada por el tribunal de apelación de Casablanca en ausencia de los acusados.

Naser Zefzafi, Nabil Ahmjiq, Ouassim Bustati y Samir Ighid fueron condenados a 20 años de cárcel por “complot con vistas a atentar contra la seguridad del Estado”, un delito que puede ser castigado con pena de muerte en Marruecos.

Otros tres acusados, Mohamed Haki, Zakaria Adehchur y Mahmud Buhenud fueron condenados a 15 años de cárcel y entre siete y 10 años de cárcel, por el mismo delito.

Familiares de los condenados, presentes en el tribunal, gritaron de desesperación al oír las penas más duras tras nueve meses de juicio, comprobó un periodista de la AFP. “Son penas muy duras. El Estado ha fracasado en esta prueba de respeto de los derechos humanos, de las libertades esenciales y de la independencia de la justicia”, declaró uno de los abogados de la defensa, Suad Brahma.

“Las condenas son muy leves en comparación con lo que prevé la ley y la forma en que se comportaron ante el juez”, comentó por su parte Mohamed Karut, uno de los abogados que representaba al Estado y sus agentes.

Diez acusados fueron condenados a cinco años de cárcel y 2.000 dírhams de multa (unos 200 dólares); ocho a tres años de prisión y 1.000 dírhams; y 19 a dos años y 5.000 dírhams; y dos a un año de cárcel y 5.000 dírhams. Los abogados defensores anunciaron su intención de recurrir la sentencia. Las manifestaciones desencadenadas por la muerte de un pescadero, aplastado por un camión de recogida de la basura en octubre de 2016, tuvieron lugar en el Rif, una región históricamente crítica con el poder central, que se considera marginada.

Según varias asociaciones, unas 450 personas fueron detenidas durante las protestas, que transcurrieron casi siempre de forma pacífica, aunque en algunos casos dieron lugar a enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, con heridos en ambas partes.

Los abogados del Estado aseguraron que las protestas dejaron más de 600 heridos entre las fuerzas de seguridad y causaron daños materiales valorados en siete millones de dírhams (unos 730.000 dólares). Asociaciones pro derechos humanos han criticado a las autoridades por su “represión”, del movimiento de protestas y han denunciado actos de “tortura”, contra algunos manifestantes durante su arresto.

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