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Con posturas contrapuestas, la declaración fue aprobada en Cámara Baja, no sin antes escucharse una serie de argumentos a favor y en contra. El diputado Eusebio Alvarenga sostuvo que más allá de las cuestiones ideológicas deben primar los derechos humanos, refirió que la declaración se da en el marco del principio de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, tenemos la obligación de emitir nuestra posición y pensamiento dentro del marco que nos orienta nuestra Carta Magna, recalcó.
A su turno, el diputado Víctor Ríos consideró no prudente emitir declaraciones, en base a informaciones difundidas en medios de prensa sobre el encarcelamiento tanto de Leopoldo López, como del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Dijo además que ningún legislador accedió hasta el momento a la actuación de la fiscalía venezolana con respecto a ambas detenciones.
La diputada Olga Ferreira elevó el tono de la crítica hacia el gobierno de Maduro, trayendo a colación lo ocurrido durante el juicio político a Fernando Lugo en junio de 2012, "a este Maduro lo conocemos hace mucho tiempo cuando quiso patotear e influenciar a las Fuerzas Armadas, lo considero una persona no deseable hasta hoy y apruebo con todo el corazón esta declaración", recalcó.
Ramón Duarte se mostró partidario a escuchar a ambos sectores involucrados. En tanto que Juan Bartolomé Ramírez afirmó que la propia Internacional Socialista Para América Latina se pronunció en contra de los abusos cometidos por el oficialismo venezolano.