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Asesor, asesores. Términos muy utilizados últimamente tras el caso que envolvió a la exdiputada Karina Rodríguez, quien, presuntamente, firmaba la asistencia del asesor Lino Valencia, mientras este se encontraba fuera del país.
La ahora exdirectora de Acción Social argumentó en su defensa que el funcionario trabajaba "por producción” y no por horarios.
Pero, ¿cómo realmente trabaja un asesor? ¿A quién responde? ¿Quién controla su trabajo?
Para disipar dudas con respecto a la mecánica de trabajo de estos funcionarios que, aparentemente, tienen ciertos beneficios, nos pusimos en contacto con Alfredo Mongelós, Director Administrativo de la Cámara de Diputados.
Según nos señaló el directivo, los famosos asesores entran dentro del rubro de honorarios profesionales, un rubro en el cual, así como si fueran abogados o médicos, su rendimiento laboral se evalúa por la producción de trabajo que logren concretar, y no necesariamente por el horario que cumplan.
“Tanto la Ley de Presupuesto como el Decreto reglamentario hablan claramente de los honorarios profesionales. En ese rubro solamente pueden ser contratadas personas que tienen título universitario. Las personas que trabajan por honorarios profesionales son las que se desempeñan como asesores”, nos explica Mongelós, al tiempo de añadir que “la gente confunde el término. Asesoría ya es la gestión que ellos realizan con los parlamentarios, pero el rubro exacto que cobran es el de honorarios profesionales”.
En cuanto a los motivos por los cuales a esta categoría de funcionarios no se les exige cumplir un horario, el director administrativo señaló que el Código de Trabajo no se los permite. “No le podés dar un horario laboral definido, porque su trabajo se mide en base a producción. No necesariamente hacen oficina de, aunque pueden estar trabajando desde otros lugares”, explicó.
Según señaló Mongelós, "los asesores son las personas que guían a los diputados, por ejemplo, en la realización de los proyectos de ley, hacen las correcciones de las formas, y diferentes tipos de gestiones, no solo a nivel proyectos de ley, sino también a nivel personal del parlamentario”.
Un asesor también puede encargarse de documentaciones personales del parlamentario dentro de la Cámara, y de sus gestiones en las comisiones asesoras. El trabajo es “dependiendo de las necesidades que cada diputado tenga. Allí es donde entra la confusión acerca de cuáles son las labores que desempeñan”, puntualizó Mongelós.
Anteriormente, los diputados y senadores tenían la libertad de contratar y nombrar a personas de su confianza para que vengan a trabajar con ellos. Ahora, según nos señaló Alfredo Mongelós, las cosas ya no son así.
“La particularidad que tiene este periodo parlamentario es que desde que inició estos nuevos diputados no tuvieron la posibilidad ni de contratar ni de nombrar personal de confianza, porque la Ley de Presupuesto ya no se los permite. Nuevos funcionarios solo pueden ingresar por concurso de méritos y aptitudes”, acotó.
Esto, según nos comentaron, lleva a que funcionarios de periodos anteriores, como por ejemplo, 2003-2008, continúen trabajando, “porque la Ley de la Función Pública establece que con dos años de estabilidad laboral ya no se le puede echar a una persona sin previo sumario administrativo”.
Así, los nuevos parlamentarios tienen que trabajar con personas que no conocen. La gran pregunta que surgió en este momento es: Si no pueden contratar, ¿cómo es que Karina Rodríguez avalaba la asistencia del asesor español en la Justicia Electoral?
La explicación de Mongelós fue: “Tengo entendido que este funcionario fue nombrado en el año 2012, cuando todavía no existía la resolución de la Función Pública que exige los concursos. En el año 2014 ya se incluyó en la Ley de Presupuesto la prohibición de contratar sin concurso”.
El funcionario no supo especificarnos si los diputados y senadores tienen competencia para contratar a personas en otras instituciones fuera de la Justicia Electoral, sin embargo, dejó entrever que “hay instituciones que tienen acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de la Función Pública”, por lo que, en esos sitios sí podrían darse estos contratos.
Los asesores del Congreso deben reportarse únicamente con el parlamentario para el cual trabajan. Ellos son los que evalúan el rendimiento.
No existe una cantidad límite de asesores que deba o pueda tener cada diputado, pero, por lo general, según nos asegura Alfredo Mongelós, cada parlamentario tiene entre dos a tres asesores, en promedio.
Resultó complicado obtener respuesta a esta pregunta. La Ley del Presupuesto establece que todas las personas que trabajan en jornales, es decir, los que no tienen título universitario, pueden ganar hasta G. 3.300.000, mientras que los que tienen honorarios profesionales ganan por encima de esa cifra, hasta G. 6.600.000.
El último llamado a concurso de méritos y actitudes para ingresar al rubro de asesoría de la Cámara de Diputados se dio en mayo de 2014. Mongelós explica que estas convocatorias no son cosa de todos los días, pues “son muchos los requisitos que hay que llenar”.
Para tener una idea, solo en la Cámara de Diputados se destino en 2014 la suma de G. 41.277 millones para la remuneración anual de 532 asesores.