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Asustados, preocupados y hartos. Así viven desde hace ya casi dos semanas los pobladores de Caacupé, capital del departamento de Cordillera, debido al llamativo aumento de casos de desaparición y violencia que afectan principalmente a jóvenes de la localidad. Es por ello que a través de redes sociales decidieron convocar una manifestación que tuvo lugar esta mañana en la plaza de la ciudad ubicada en los alrededores de la Basílica de la Virgen de Caacupé. Alrededor de 300 personas acudieron a la convocatoria para exigir a las autoridades respuestas concretas a la situación, informó la corresponsal de ABC Color Desiré Cabrera.
Los manifestantes firmaron un comunicado dirigido a diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales para exigir una respuesta a la situación. “La violencia se enseñorea en toda su expresión en donde la vida humana poco importa. La inseguridad reinante es agobiante, hemos perdido la tranquilidad, la paz y la libertad de transitar por las calles. El miedo se ha apoderado de toda la población”, señala parte del documento. Ante esta situación, indica el comunicado, instan a las autoridades a tomar cartas en el asunto y velar de una vez por todas por la seguridad de los ciudadanos, sin distinción alguna. “Estamos cansados de vivir encarcelados en nuestras casas, estamos cansados de inacciones y de cualquier excusa para cumplir y hacer cumplir las leyes”, agrega.
El intendente local, Roberto Franco, llegó hasta el lugar y trató de hacer uso de la palabra, algo que no le permitieron los manifestantes, que lo recibieron entre abucheos por lo que consideran inoperancia por parte del jefe comunal ante los casos de violencia registrados en la Villa Serrana. La tía de una de los jóvenes drogados y agredidos reclamó llorando respuestas a las autoridades y habló de un daño psicológico irreversible que afectó a su familia como consecuencia. “¿Cómo pueden dormir tranquilos en sus casas con todo esto que está ocurriendo?”, aseveró.
Inclusive, un vendedor de chipas decidió sumarse a la manifestación y hacer uso de la palabra. “No piensen que vengo solo para ofrecer mis productos, vengo porque también estoy preocupado porque salgo a trabajar y no sé en qué condiciones voy a encontrar a mi familia. Les pido a las autoridades que solucionen este problema, para que todos podamos trabajar tranquilos”, clamó.
Autoridades que llegaron al lugar prometieron hacer gestiones para la instalación de cámaras de circuito cerrado en varios puntos de la comunidad, que serán monitoreados constantemente por la Policía. También aseguraron que a partir de hoy llegan brigadas antinarcóticos y antisecuestro a la zona para investigar los hechos y trabajar en la prevención. La última víctima de la ola de violencia fue el joven Derlis Guerrero (19) quien desapareció en horas de la tarde del miércoles de su casa y reapareció el jueves poco después del mediodía. Llegó solo, caminando, hasta el Hospital Distrital de Caacupé con signos de haber sido dopado y golpeado.
El miércoles, una adolescente de 13 años fue interceptada a plena luz del día por cuatro individuos camino a la escuela y habría sido sometida sexualmente en una casa abandonada en el barrio Daniel Escurra de esta capital departamental. La menor fue auxiliada por una maestra, que la encontró en la calle llorando y la trasladó al hospital Regional, donde está siendo atendida.
El viernes pasado, un joven de 17 años fue también interceptado en el mismo barrio por un vehículo de color blanco en que se desplazaban tres hombres y dos mujeres. Según la denuncia, al mismo le robaron la suma de G. 1 millón y fue brutalmente golpeado, además de haber sido arrojado desnudo en el parque Lagora, donde fue socorrido por los bomberos, quienes lo trasladaron al Hospital Regional, donde estuvo internado hasta el martes en estado de shock.
La semana pasada, una joven de 18 años fue atacada en la vía pública y alzada por la fuerza en un vehículo de color blanco. El hecho se registró cerca de las 18:00 en el barrio Industrial. Cuatro horas después, la misma despertó en la Compañía Cabañas con indicios de haber sido agredida físicamente. La joven estudiante procede de la compañía Costa Pucú y fue auxiliada por los propietarios de un almacén en las cercanías de donde fue tirada por los desconocidos, que -según mencionó- le pusieron un trapo por la boca que tenía un fuerte olor químico y que hizo que perdiera el conocimiento.