Ocurrió alrededor de las 17:30 horas, sobre la ruta Mcal. Estigarribia, frente al Campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde quedó demorado un vehículo blindado transportador de caudales, informó Antonia Delvalle, corresponsal.
Los intervinientes indicaron que un automovilista se acercó a unos policías a denunciar que el vehículo de Prosegur se encontraba manejando a una imprudente velocidad, obligando a otros automóviles a encostarse para cederle paso.
Con este dato, el camión fue obligado a detenerse en la barrera que estaba montada frente al Campus de la UNA, pero el chofer no detuvo la marcha, por lo que se inició una persecución hasta que lograron cerrarle el paso, sobre la avenida Del Agrónomo y Cnel. Bogado. La policía habló con ellos pero se negaron a abrir las puertas y quedaron dentro por espacio de media hora.
Posteriormente, con acompañamiento policial y de la Fiscalía, el transportador de caudales fue escoltado hasta la comisaría 1º de San Lorenzo, pero los funcionarios permanecieron encerrados por unas dos horas y media, aguardando la llegada del abogado de la compañía.
Según expresó el fiscal interviniente, Julio Ortiz, los funcionarios se negaron a hablar y a descender, manifestando seguir órdenes superiores, a pesar de la debida identificación del agente del Ministerio Público.
Alrededor de las 20:00, llegó hasta la comisaría el abogado Cristian Ayala, quien explicó que es imposible abrir los accesos del vehículo blindado sin la orden de los directivos de Prosegur.
“Ellos tienen una regla interna a cumplir, no pudieron bajarse rápido porque la orden se tiene que hacer de la central, no es posible abrir la puerta del chofer ya que deben tener autorización”, expuso Ayala.
El fiscal reprochó al abogado y a los funcionarios, argumentando que ninguna reglamentación interna está por encima de las leyes nacionales y dijo que los detuvieron por conducir a una velocidad ampliamente superior a lo permitido, los 40 km por hora y por atropellar la barrera de control.
El chofer fue identificado como Justo Díaz, quien iba con el custodio Miguel Ángel López Benítez, y el portador valores Felipe Gustavo Rodríguez. Los mismos se negaron a dar declaraciones, por orden superior.
El transportador de caudales quedó temporalmente demorado, junto a los funcionarios, mientras se labraba acta de lo acontecido. La Policía Caminera deberá establecer las sanciones por las infracciones en que incurrió el chofer de Prosegur.