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Esta primera etapa del Gobierno se caracterizó entre otros elementos por la casi total paralización de las obras viales y de infraestructura en el sector público.
Es sabido que Cartes recibió un Estado con insuficientes recursos económicos, situación que impactó principalmente en los trabajos de Obras Públicas.
Las empresas contratistas permanentemente reclamaron el pago de las deudas contraídas ya en la administración anterior.
El Gobierno aseguró haber cumplido con parte de los compromisos, sin embargo persistía el problema originado en el déficit financiero.
El ministro de Obras Públicas había garantizado que se “ordenaría la casa” y que se cumpliría con los pagos pendientes antes de fin de año.
La expectativa era ir reactivando los proyectos de la cartera, caracterizada por las “paladas iniciales” ya en la gestión anterior.
De esta manera, imprimir dinanismo al sector se tornó en un desafío y la impaciencia del presidente de la República se anunciaba a principios del mes de noviembre. Empezaron a correr versiones sobre un inminente cambio en el Ministerio de Obras Públicas, que luego fue descartado por el propio Cartes.
Según informaciones, desde el círculo del mandatario se comentó que el secretario de Estado “no le está agarrando la mano” en lo que respecta a la reactivación de las obras.
La paralización en el sector empezó a generar preocupación, ya que se buscaba que los trabajos viales y de infraestructura constituyan el motor de la economía.
Para paliar el problema, el MOPC anunció para la próxima semana el desembolso de US$ 36 millones para el pago a las empresas proveedoras y contratistas.
Este monto constituye la segunda reprogramación presupuestaria, obtenida mediante diferentes créditos.
Considerando un pago anterior, de US$ 74 millones, el saldo de la deuda con el sector -hasta el mes de octubre- será de US$ 40 millones.
Con los pagos parciales, se reanudaron algunos trabajos, aunque aún no con el ritmo normal. Es el caso -a modo de ejemplo- de la autopista Ñu Guasu, cuyo proyecto se ejecuta en un 20% de la capacidad de las constructoras, debido a los atrasos en los pagos por parte del MOPC.
Un efecto adverso más de la paralización de las obras es el desempleo de los obreros constructores.
Se estima que debido a las deudas del Estado con las empresas del sector, existen entre 30.000 y 40.000 trabajadores del sector sin empleo.
En definitiva, pese a los aparentes esfuerzos, las primeras reprogramaciones presupuestarias no fueron suficientes para presentar resultados concretos en obras en estos primeros 100 días de Gobierno.
La expectativa es que para el próximo año se logre revertir esta situación de estancamiento.