Contralor fue notificado sobre juicio político

El presidente del Senado confirmó que el contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez, ya fue notificado sobre el juicio político que arranca mañana en su contra. El martes 11, el funcionario deberá presentarse a ejercer su defensa.

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Mario Abdo Benítez, titular de la Cámara Alta, encabezó hoy la reunión de la mesa directiva con el vicepresidente de la República, Juan Afara, quien fue informado igualmente sobre la calendarización del juicio político.

A su salida, el legislador brindó una conferencia de prensa, ocasión en que anunció que ya se cumplieron los primeros pasos para arrancar el juicio político contra el contralor y en ese sentido se comunicó oficialmente del proceso al afectado, así como a la Cámara de Diputados. “El contralor ya ha sido notificado de la decisión de llevar a cabo del juicio político”, refirió.

Reafirmó que mañana se prevé desarrollar una primera sesión, a las 09:00, para formular la acusación contra el funcionario. Este punto estará a cargo de los diputados colorados Ramón Romero Roa, Óscar Tuma y Bernardo Villalba; el liberal Eusebio Alvarenga y la ex PQ y ahora independiente Olga Ferreira. Abdo Benítez garantizó que se seguirá el debido proceso para evitar cuestionamientos sobre esta medida impulsada tras el escándalo en que se vio envuelto Óscar Rubén Velázquez por varias irregularidades en el órgano extrapoder, entre ellos el que hace referencia a su secretaria “VIP”. “Mañana comienza el circuito y hemos tomado todas las precauciones correspondientes”, garantizó.

Adelantó que, luego del paso previsto para mañana, se prevé que el contralor acuda el martes 11 de agosto ante el pleno para ejercer su defensa y presentar su descargo. Posteriormente, el miércoles 12 se realizarán otras tres sesiones extraordinarias para estudiar la admisión o rechazo de las pruebas, así como el estudio de los alegatos y pruebas. Finalmente, se llevará el tema a votación para conocer la sentencia.

El presidente del Senado insistió en que “queremos que este sea un proceso que no sea cuestionado por nadie” y resaltó que el acusado tendrá tiempo para preparar sus argumentos antes de emitirse una conclusión en la Cámara. “Hemos decidido darle el tiempo suficiente a los acusados (el contralor y la subcontralora Nancy Torreblanca), que tengan un tiempo importante para presentar su defensa luego de la acusación que seguramente se va a hacer aquí, una vez que se constituya el tribunal”, manifestó.

Con respecto a si esta decisión de darle una semana de tiempo al contralor responde a las críticas que recibió el veloz juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, el senador aclaró que son hechos que no tienen relación alguna. “A nuestro criterio se trata simplemente de mejorar los procesos; no tiene nada que ver con lo de Lugo”, sostuvo. Insistió en que los acusados en este caso “tienen derecho de tener el tiempo suficiente para presentar sus defensas. Creemos que es lo que corresponde”, manifestó al tiempo de reiterar que “se va a respetar el debido proceso para que este juicio no tenga ningún tipo de cuestionamiento”.

Con respecto a si se prevé enviar los antecedentes a la Fiscalía, si el juicio deriva en condena y remoción, el senador colorado señaló que preliminarmente “los antecedentes del juicio político se quedan acá” y señaló que el proceso judicial corresponde a otro poder del Estado. Aclaró que si el Ministerio Público lo pide, se remitiría toda la documentación.

El pasado 1 de julio, la Fiscalía imputó al contralor Rubén Velázquez Gadea y a la subcontralora Nancy Torreblanca, además de a otras nueve personas, entre ellas la secretaria “VIP” Liz Paola Duarte, por estafa, cobro indebido de honorarios e inducción a un hecho punible. La investigación hace referencia al descontrol en el cobro de millonarias sumas en concepto de horas extra y otros beneficios adicionales al salario. Ante la resistencia del funcionario acusado de renunciar al cargo, pese a las críticas en medio del escándalo de corrupción, la Cámara de Diputados aprobó la acusación y el pedido de desafuero, el 8 de julio último.

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