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En el caso de la INC, se trata de un estudio sobre el uso que dio la administración actual, presidida por Jorge Méndez, a los US$ 67 millones que le fueron otorgados, provenientes de la colocación de bonos soberanos, además de los US$ 13,4 millones que le aprobaron en una segunda etapa.
La estatal recibió esas sumas para realizar inversiones en sus plantas de Vallemí (Concepción) y Villeta (Central), pero entre los emprendimientos se destaca el cambio en el sistema de combustión del horno de clínker, insumo principal del cemento. Anteriormente, el horno utilizaba fueloil y, tras las inversiones, ahora puede funcionar con coque, carbón vegetal o mineral.
La contraloría inició este trabajo a partir de una denuncia que hizo el año pasado el Sindicato de la INC de la Administración Central (SINCAC), sobre una aparente malversación de fondos, pues se recibió un millonario para un fin específico y se habría utilizado en “inversiones improductivas”.
El presidente de INC, Jorge Méndez, fue consultado al respecto, pero se limitó a responder que verificarán el pedido de la Contraloría y que responderán en el plazo legal.
Por otro lado, la CGR también auditará una contratación directa que llevó adelante Petropar el año pasado. Había contratado a la consultora Deloitte, en un llamado al que pusieron la denominación de “servicio de valoración de activos y negocios para Patropar” (ID 338651). Hubo protestas y denuncias de irregularidades, que ahora el presidente de la petrolera, Eddie Jara, tendrá que aclarar al ente contralor.