/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/IO73LTTSLBEPBFCRTGCM6M6GVE.jpg)
Cargando...
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, afirmó que existe cerca de una treintena de denuncias contra instituciones educativas privadas por presuntamente incumplir la ley que establece la obligatoriedad de tomar exámenes a estudiantes, pese a que estén endeudados.
"Denuncias contra colegios y escuelas lo que vienen muchísimas. Estamos viendo estos proyectos de modificación de la ley para poder lograr sanciones más directas”, afirmó Godoy, quien explicó que si bien la ley prohíbe a los colegios negar el derecho a rendir, al no haber sanciones efectivas, se siguen registrando casos.
No obstante, actualmente, como solución más rápida cuando se denuncian caso, la Defensoría inicia un proceso administrativo para lograr que colegios respondan a lo que dicta la ley. “Generalmente ya solucionamos administrativamente esos casos, porque enviamos un requerimiento administrativo y un pedido de informe, y si no nos envían los antecedentes, sería desacato debido a las atribuciones que nos da la ley”, indicó la Defensoría, en conversación con ABC Color.
Si los colegios no responden, se procede a iniciar un amparo judicial, lo que generalmente falla a favor de los denunciantes, y finalmente al alumno, para que pueda rendir. “Lo que se podría plantear directamente es la imposibilidad de que sigan ejerciendo sus funciones. Solamente eso va a generar una suerte de límite de cumplimiento seguro, dejando que sea meramente administrativo”, explicó sobre el planteamiento que ya realizaron para modificar la ley y que estos casos sean sancionados realmente.
Otro motivo frecuente de denuncias y que también ya tiene un proyecto de ley para buscar sea revertido afecta a los servicios de salud privadas. “En tu seguro médico te vas, si tenés problemas de salud, tenés que comprar medicamentos de ahí. Te hacen firmar un contrato de adhesión y no te dejan traer de otra farmacia, que muchas veces es más barato, entonces estamos presentado un proyecto de ley para solucionar este tema”, agregó Godoy.
Reconoció que logísticamente tienen problemas principalmente para cubrir requerimientos en el interior del país, más aún luego de que de las 300 denuncias anuales que se registraban en administraciones anteriores, ahora suman entre 3.000 a 4.000.