Defienden “gratificaciones”

Diputados de partidos tradicionales defendieron hoy la existencia de las “gratificaciones” para los funcionarios en el Congreso. Dijeron inclusive que son “derechos adquiridos”.

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La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de hoy se inició con una exposición de “aclaraciones” de las diferentes publicaciones periodísticas sobre las “gratificaciones” de los funcionarios, que causaron indignación. La mayoría de los que intervinieron apoyaron la propuesta del titular de la Cámara, Hugo Velázquez, quien no se animó a recortar los beneficios adicionales de los funcionarios.

El diputado colorado Óscar Tuma dijo que la bancada “C” respalda a Velázquez. Agregó que lo ideal es hacer “un estudio” previo y encarar las posible reformas “en el tiempo oportuno”. Finalmente, dijo que las gratificaciones forman parte de “un derecho adquirido”, por lo que su posible recorte debe ser objeto de análisis previo.

“Esto (los recortes) debe estudiarse con los presidentes de los tres poderes, pero se tienen que hacer con todas las instituciones si realmente se quiere racionalizar”, dijo Tuma. Recordó que muchos funcionarios “ya contrajeron compromisos” contando con sus sueldos y las gratificaciones. “Muchos ya se endeudaron”, justificó.

Por su parte, el diputado colorado Jorge Baruja se refirió ante sus colegas a la publicación del diario ABC Color de hoy, que menciona que en las planillas hay más funcionarios con cargo de “directores” de los que se especifican en el organigrama. “Es importante aclarar que funcionan las comisiones y ahí hay directores. Falta ese dato”, dijo.

Otro de los que defendieron férreamente las gratificaciones fue el liberal Eusebio Alvarenga, quien dijo que antes de tomar cualquier decisión se debería pedir informes al respecto a la Secretaría de la Función Pública y al Ministerio del Trabajo, para evitar “arrebatar derechos adquiridos”, manifestó.

Dany Durand, legislador colorado, dijo que las gratificaciones del Senado solamente corresponden al 4% de todas las gratificaciones que cobran los funcionarios públicos. El Poder Ejecutivo (que incluye a ministerios) tiene el 29% de estos beneficios y las empresas públicas, el 15%.

El único que se expresó en contra de todo lo manifestado por sus colegas fue el liberal Dionisio Amarilla, quien dijo que “el modelo de administración del presupuesto público es obsoleto y desfasado”. Recordó que el Estado destina el 80% de sus ingresos tributarios a gastos rígidos, es decir, a salarios de funcionarios públicos, lo cual es insostenible.

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