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Ramírez señaló que el mismo adquirió dos tractores en España el 26 de noviembre 2013 y tras la compra, se procedió al embarque de los mismos en sus respectivos contenedores con destino a Paraguay.
Los tractores fueron despachados e importado por Hugo Ramón Avalos Romero, de nacionalidad paraguaya residente en España, con destino a Asunción para ser entregado a la empresa Arnold Import propiedad de Arturo Arnold.
El propietario de la importadora se trasladó a la ciudad de Ayolas y llegó a la vivienda del afectado junto a Eugenia Benítez, madre de Miguel Ramírez, a quien le pidió que le entregue G. 38.800.000 en concepto de pago por el envío y despacho de las máquinas.
El mismo retiró el monto solicitado por lo cual firmó un recibo comprometiéndose a entregar las prendas en un plazo de dos días después de recibir el dinero.
Sin embargo Miguel Ramírez, al saber que las máquinas no fueron entregadas como se había acordado, intentó comunicarse con Arnold, pero no pudo dar con él por encontrarse desaparecido.
En su intento por rastrear sus tractores, el denunciante llamó a Ávalos (el importador) para pedir el informe sobre el destino de sus pertenencias. Ávalos le dijo que se encontraban en poder de una persona de nombre Néstor Cardozo, de la ciudad de Capiatá.
Siguiendo con el rastro de las maquinaras Ramírez, habló con Cardozo, quien a su vez le dijo que efectivamente tenía los tractores que le fueron entregados por Arturo Arnold en concepto de pago por una deuda que este tenía con él.
Ramírez recurrió al servicio del abogado Joaquín Ramón Núñez Recalde, funcionario de Puertos con domicilio laboral en calle Paraguayo Independiente y Colon de la capital, quien le solicitó la suma de G. 40 millones aproximadamente, para poder solucionar el caso rápidamente.
Ramírez manifiestó que le entrego la suma solicitada, pero que el abogado le manifestó que no podía expedir recibo por ser funcionario público.
“Pasado el tiempo de tres meses no recuperé mis máquinas pese a lo prometido, que tendría una rápida solución, y pude comprobar que me vi envuelto en una segunda estafa, por lo cual recurrí a otro abogado”, expreso el afectado.
El nuevo abogado Efraín Hernán Lozano tomó el caso, formulando la denuncia contra Arturo Arnold y otros en la fiscalía de Zeballso Cue, ante el fiscal Víctor Maldonado en el mes de julio del 2014.
Por otro lado se realizó una denuncia por estafa contra el abogado Joaquín Ramón Núñez Recalde, ante la fiscala Esmilda Álvarez, de la Unida Penal Nro. 13 de la ciudad de Asunción.
Miguel Ramírez ve con preocupación que la causa se encuentra estancada desde hace casi un año, y sus máquinas están siendo utilizadas en alguna parte del país sin que las mismas sean secuestradas por autoridades correspondientes, aun habiendo presentado todas las documentaciones que demuestran que los tractores son de su propiedad.
Ante esta situación el afectado no puede trabajar, y de no encontrarse una solución inmediata deberá emigrar para poder trabajar.