Denuncian abandono a jubilado de Itaipú

Mirta Franco, esposa de Miguel Ángel Rivas Peralta, relató las dificultades por las que atraviesa en su lucha por una mejor calidad de vida para su esposo, quien trabajó por 32 años en la binacional, hasta que le diagnosticaron un tumor cerebral en el año 2000, que, si bien fue extraído, no significó el fin de los dolores, teniendo en cuenta que quedó con secuelas físicas y psicológicas.

A esto suma la actitud de las autoridades de la binacional, que le niegan una debida atención a pesar de que figura este derecho en el contrato colectivo que establece la posibilidad de realizar consultas de alta complejidad en el Brasil, según manifestó la mujer. Llamativamente, una junta médica rechazó este pedido alegando que el paciente tiene una evolución favorable y, por lo tanto, recomendaron que siga el tratamiento periódico en suelo paraguayo.

El dictamen en cuestión data de noviembre de 2014 y lleva la firma de los doctores Mario Flecha Vera, José Gamarra Ortiz, Gilberto Martínez Yegros, Carlos Colmán Huerta y Félix Ortiz Rolón. Franco detalló que el pedido está avalado por informes médicos pero fue rechazado por considerarse extemporáneo. Mientras tanto, el jubilado debe acudir cada noche hasta Foz de Iguazú para aplicarse morfina y de esa manera soportar los intensos dolores que lo aquejan.

La mujer puso en duda el dictamen médico afirmando que se basó en un diagnóstico de 2013 para rechazar la solicitud e indicó además que la junta en cuestión se realizó sin la presencia del paciente e ignorando el hecho de que está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Agregó que desde el pasado año el hombre ha sufrido un deterioro en su estado de salud.

Por esta razón, la esposa decidió llevar el pedido a los estrados judiciales, a pesar de la oposición de varios abogados, que le han comentado de manera extraoficial de las dificultades que implican el litigar contra la binacional, por el poder que ejerce en prácticamente toda su área de influencia. El expediente está a cargo de la jueza Graciela Ovelar.

La Superintendencia de Recursos Humanos de la Itaipú Binacional tomó conocimiento de la denuncia de la señora Franco y través de un informe refiere que el encaminamiento a Brasil solo se autoriza en casos de que un procedimiento determinado no pueda hacerse en el lugar de residencia del jubilado o del funcionario aquejado por un problema de salud.

“Según las evidencias presentadas al momento de realizar el pedido de encaminamiento para la ciudad de Sao Paulo, no reunía los criterios para tal encaminamiento, por lo que el paciente podrá realizar todos sus estudios y tratamiento en el lugar donde reside y un eventual encaminamiento a San Paulo se dará sólo cuando la situación así lo amerite nuevamente”. Refiere además que tanto en Asunción como en Ciudad del Este existen centros certificados por la Itaipú para la realización de los procedimientos requeridos por el afectado.