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La Policía de Canindeyú no realizará este lunes incursión alguna en los montes de la estancia Pindó S.A., establecimiento ubicado en la localidad de Naranjito que había sido atacado el pasado sábado por un grupo de campesinos armados. La decisión de no realizar procedimiento obedece a que la zona es considerada peligrosa, más aún porque los supuestos 'sintierras' cuentan con poderosas armas de fuego.
De momento, la jefatura decidió que un grupo de agentes quede instalado en el casco principal de la estancia atacada el sábado. Los investigadores creen que los supuestos campesinos que realizaron el ataque totalmente encapuchados se encuentran ocultos en los montes de una propiedad de casi 5.000 hectáreas.
Esta mañana, cuatro campesinos volvieron a llegar hasta el sitio del ataque, pero cuando se percataron de la presencia de la dotación policial huyeron hacia el monte. La orden del comando institucional es restablecer el orden en la propiedad, aunque no se puede incursionar porque se pretende evitar más violencia y tampoco se cuenta con suficiente personal como para buscar a los integrantes del grupo criminal.
Tras el ataque, en la propiedad no quedó un solo funcionario de la empresa propietaria de la estancia, por lo que los uniformados piden a los directivos que envíen a sus empleados para restablecer la energía eléctrica, asegurando que los agentes les brindarán la seguridad necesaria, señaló el comisario principal Héctor Rojas.
Algunas versiones señalan que los labriegos supuestamente cuentan con el respaldo de algunos parlamentarios, entre los que se mencionó al senador del PLRA Luis Alberto Wagner, por lo que las fuerzas del orden temen que cualquier intervención termine generando repercusiones en su contra.
Dentro de la propiedad se encuentra otro retiro que podría ser blanco de ataque por parte de este grupo armado, que -según el propio fiscal de Curuguaty, Christian Roig- podría contar con instructores extranjeros. Se pudo constatar además que maquinaria costosa fue incinerada, por lo que los directivos calculan una pérdida de US$ 500.000 aproximadamente. Una dotación de 40 agentes policiales se instaló en el casco principal de la estancia.