Destruyen marihuana en comunidad indígena

Una comitiva fiscal-policial incursionó en la comunidad indígena Río Corrientemí, a unos 15 km de la ciudad de Capiibary, San Pedro, donde halló alrededor de 4 hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento y procedió a destruirlas.

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El agente fiscal Rusbell Benítez, quien encabezaba la comitiva este miércoles, ordenó la destrucción de la plantación, que estaba a unos 600 metros de la vivienda de la líder indígena Jorgelina Gómez, refieren los datos.

Los cultivos estaban dividos en dos parcelas, y según los investigadores, habría más plantaciones. “Estamos en busca de algún elemento que guarde relación con el asesinato de un menor indígena a manos de su padrastro el pasado domingo en esta zona; sin embargo, encontramos dos parcelas de marihuana, que serían aproximadamente cuatro hectáreas, en etapa de crecimiento”, reveló el fiscal de Capiibary.

Aseveró que la comunidad, cuya líder es Jorgelina Gómez, cuenta con unas 400 hectáreas. Adelantó que será analizada  la situación legal de la mujer.  “Pero tenemos como la hipótesis del asesinato que el problema entre el padrastro y el menor asesinado fue por una motocicleta, pero con el hallazgo de estos cultivos ya podríamos tomar otra arista; se podría sospechar que el trasfondo es la droga; ahora respetamos la situación”, señaló.

El asesinato se registró el domingo último en horas de la noche, cuando el menor había salido de la vivienda supuestamente llevando la motocicleta sin el permiso del padrastro, identificado como Santiago Martínez, mayor de edad, oriundo de la zona de Canindeyú, actual pareja sentimental de la líder Gómez. Al regresar, fue encarado por Martínez, quien le disparó en dos ocasiones y le causó la muerte camino al centro de salud, según los datos.

De la intervención de esta mañana en prosecución a la investigación del asesinato participaron personal policial de la comisaría 17ª, de la Sección de Investigación de Delitos, zona sur, y del Departamento Antinarcóticos de San Pedro, funcionarios del Ministerio Público local. El fiscal Benítez ordenó que las plantas fueran arrancadas a mano, sin la utilización de machete, y posteriormente incineradas.

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