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Durante el debate en la sesión, la mayoría de los legisladores que hicieron uso de la palabra manifestaron la necesidad de buscar una alternativa para solucionar la epidemia de los accidentes de tránsito.
El diputado Víctor Ríos dijo que el problema con el SOAT se dio cuando se realizó la reglamentación, que estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP). Explicó que la reglamentación “desnaturalizó la ley, modificó su esencia”.
Por su parte, el diputado Antonio Buzarquis resaltó la “irresponsabilidad del Estado paraguayo” al aprobar una ley que poco tiempo después se deroga. Dijo que este tipo de cosas suceden cuando no se socializa lo suficiente una propuesta.
Habló de que la ley derogada planteaba un posible “negocio” para volver ricas a las aseguradoras, a costa de las clases populares.
El Senado aprobó la derogación el pasado 4 de febrero, por unanimidad. Luego, la Comisión Permanente del Congreso convocó para que la Cámara de Diputados trate la misma propuesta hoy.
La ley de referencia debió entrar en vigencia en enero pasado; sin embargo, las municipalidades comenzaron a accionar, atacándola de inconstitucional.
En la normativa se exige al contribuyente tener pagada la patente del rodado para abonar el seguro. Los automovilistas que no hayan pagado no podrán circular por las rutas del país.
Paralelamente, la ciudadanía se hizo sentir al considerar que la ley obliga a los propietarios de rodados a pagar doble seguro, en los casos en que se opta por un servicio privado.