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La ley, que habilita la participación de empresas privadas en la construcción y gestión de obras y servicios públicos, concede al Ejecutivo la potestad de aprobar los proyectos contemplados bajo esa fórmula legal.
Las alteraciones sancionadas el jueves pretenden que sea el Congreso el que estudie y autorice la ejecución de los proyectos amparados por esa ley, que el Gobierno presenta como un medio para impulsar el desarrollo del país.
José Molinas, titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), abogó porque la Cámara de Diputados, donde ahora deben de ser discutidas las modificaciones, se muestre contraria a ellas porque en caso contrario sería un gran golpe al país.
“No existe país que la esté utilizando de forma efectiva que requiera aprobación parlamentaria caso por caso, eso no existe en 340 países, y queda muy claro cuáles son las condiciones que se requieren para que un programa de APP funcione, y que básicamente mata a un proyecto de APP”, señaló Molinas a Radio Nacional.
Agregó que la APP es una herramienta extremadamente importante dentro de un retraso de infraestructura tan grande como el que tiene Paraguay, y que la celeridad del crecimiento económico del país depende de esa normativa.
Según las proyecciones de la STP, Paraguay alcanzaría en el 2030 un carácter de país competitivo.
Sin embargo esas proyecciones se retrasarían bastante en caso de que no se pongan en marcha herramientas jurídicas como la APP, según Molinas.
Desde hace una semana, cientos de campesinos y militantes de izquierda están acampados frente al Congreso para exigir la derogación de la ley, que consideran que es una “privatización encubierta”.