En Paraguarí protestaron contra “los 23” y el clan Monges

PARAGUARI. Pobladores de esta ciudad también se manifestaron contra “los 23” blindaron al senador Víctor Bogado. Durante la protesta se denunciaron además casos de nepotismo que afectan al legislador Juan Darío Monges, oriundo de esta ciudad.

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En encuentro fue en la plaza “La Guardia”, donde organizaciones sociales, estudiantes, políticos y vecinos se manifestaron en repudio a la actuación de los senadores que salvaron a Bogado, imputado por cobro indebido de honorarios y estafa, por el caso “niñera de oro”.

En la ocasión denunciaron los supuestos casos de nepotismo que involucran al senador Juan Darío Monges, uno de “los 23”. La principal beneficiada sería su esposa, Norma Belén Pino; además de su cuñado, su hijo y varios otros primos, indicaron los manifestantes.

Una fuerte dotación de efectivos policiales “resguardó” durante toda la mañana la movilización ciudadana. Los manifestantes dijeron que las autoridades policiales tenían la intención de amedrentar, lo que fue negado luego por el comisario Antonio Barriocanal.

La esposa del senador figuraría como Defensora de la Niñez y la Adolescencia de la X Circuncripción Judicial local, con un salario de G. 12 millones.

También, fue nominada como vicedecana de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) en la filial de Paraguarí, con un salario de G. 15 millones.

El cuñado de Monges, Arnaldo Javier Zárate Pino también es funcionario del juzgado local, con el cargo de actuario judicial, con un salario de más de G. 5 millones, según la denuncia.

Las cuñadas del senador, Liz Noelia y Andrea Noemí Zárate Pino, trabajan en la regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y en el Poder Judicial. Sus salarios van entre G. 3 y 5 millones.

El hijo, Juan Monges, figura también como funcionario del Congreso, con salario de G. 3.256.680. Varios hermanos, primos y concuñados estarían como funcionarios de varias dependencias estatales.

Los manifestantes señalaron que la familia del parlamentario “chupa” del Estado alrededor de G. 150 millones al mes.

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