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Los cursos dictados son dos, uno básico para quienes trabajan en mesas de entrada; y otro para los que están netamente enfocados al derecho, como asistentes fiscales. La enseñanza se realiza desde el año pasado a través del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.
A las clases que se desarrollan dos veces por semana, martes y jueves, por parte de los docentes: Dra. Cristina Invernizzi y el Prof. Esteban Ortega, ambos especialistas en bilingüismo, actualmente asisten 40 funcionarios que culminarán la orientación en mayo próximo.
La Fiscalía, hasta el momento es el primer ente público que aplica la Ley Nº 4.251/10 “de Lenguas” en el ámbito de la justicia. Para esto viene trabajando en conjunto con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En el caso del Ministerio Público, se da para apoyo a competencias comunicativas, orales y escritas en las lenguas oficiales de Paraguay.
Para tener un conocimiento sobre el uso que se le da al guaraní en procesos penales y también para analizar la necesidad de su enseñanza, el Centro de Entrenamiento realizó una investigación en Asunción y Central mediante un cuestionario a auxiliares, secretarios, asistentes y agentes fiscales.
La Ley 4.251/10 en su artículo 15º expresa: “Ambas lenguas oficiales serán aceptadas indistintamente en la administración de la justicia. Para el efecto, la misma deberá tener operadores y auxiliares de justicia con competencia comunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales. Las resoluciones definitivas que afecten a partes que sólo hablan el idioma guaraní se dictarán en ambas lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní”.
El juicio por la masacre de Curuguaty ocurrida en junio del 2012 y en el cual están procesados 11 campesinos por la muerte de 6 agentes policiales, es un vivo ejemplo en cuanto al empleo del guaraní en procesos judiciales, porque se está desarrollando de manera íntegra en ese idioma con la ayuda de intérpretes.
A pesar de esto, los abogados de los campesinos acusados denuncian que no fueron respetados los derechos lingüísticos de sus defendidos en los inicios del proceso, porque no fueron interrogados en guaraní, lengua en que son competentes.