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En conversación con ABC Color, el secretario de Estado sostuvo que el país mantiene un alto respeto hacia la propiedad privada y resulta contraproducente estatizar una empresa, a juzgar por ejemplos de otros países donde la absorción de una firma privada a favor del Estado ha costado mucho en materia de inversiones y Paraguay actualmente experimenta parámetros favorables en materia económica.
“En la práctica sería solucionar el problema de los directivos de la azucarera que, a las claras, no hicieron un buen trabajo. Esta empresa viene teniendo problemas desde hace años, afectando a sus acreedores, unos 2.500 cañicultores y obreros. Nos parece un despropósito pensar en una solución de este tipo”, recalcó Stark.
A pesar del incumplimiento de los compromisos el Estado, les proporcionó el RUC y la energía para seguir operando; sin embargo, ante la falta de pago finalmente se interrumpió el servicio de energía eléctrica. La deuda de la Azucarera Iturbe solo con el Estado, entiéndase ANDE, IPS y Tributación, ronda los G. 30.000 millones.
“El Gobierno cree que este es el momento de darle un corte definitivo a este tema. Por un lado, que sigan los procesos; de hecho, hay una convocatoria de acreedores en curso, y que el Estado tome todos los recaudos legales para ir con toda la fuerza, de tal forma a recuperar lo adeudado por la empresa, ya sea en el fuero civil como en lo penal cuando corresponda, como es en el caso del IPS, donde ya hay una demanda promovida por los trabajadores por apropiación de descuentos que no fueron aportados a la previsional”, sostuvo.
Según Stark, el Ejecutivo se compromete a acompañar todas las acciones promovidas por los sectores afectados por el estado de quiebra técnica de la firma, especialmente los cañicultores que invirtieron en la plantación de caña y transporte, generando una crisis en la población, debido a que es una ciudad dependiente del azúcar.
“Nosotros vamos a acompañar todos los juicios contra los directivos en los que se cree que hay responsabilidad penal, pero eso va a solucionar el problema ahora; pero también hay que tener en cuenta lo que venga después, por eso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en un plan de diversificación para los cañicultores, para que parte de la producción sea dirigida a rubros con mayor demanda”, detalló.
Este acompañamiento incluye a los acreedores, quienes formaron un fideicomiso que es propietario de casi el 100% de la fábrica. Este proceso está en fase de liquidación y, una vez concluido el mismo, la fábrica va a estar en condiciones de ser vendida; en efecto, existen interesados en el sector privado que pueden hacerla sostenible y esa sería la solución definitiva, acotó.