Fiscal defiende sus pedidos

VILLARRICA. El agente fiscal defendió el pedido de prohibir a la mujer salir de la ciudad, solicitado junto a la imputación presentada en su contra por extorsión y coacción, aclarando que nunca requirió en forma taxativa que no salga de Villarrica. Argumentó que se limitó a pedir al juzgado de la causa lo que expresa textualmente el inciso 4to del artículo 245 del Código Procesal Penal que es “la prohibición de salir del país, de la localidad en la que resida o de ámbito territorial que fije el juez” como una de las medidas alternativas a la prisión preventiva.

Asimismo, indicó que no buscaba coartar la libertad de expresión de la imputada al solicitar que se le prohíba usar las redes sociales para referirse al diputado Antonio Buzarquis. Se defendió afirmando que el objetivo era impedir que la mujer utilice Facebook o Twitter para extorsionar y coaccionar el parlamentario.

Esto teniendo en cuenta que la denuncia presentada por Buzarquis relata que la mujer lo amenazó con dañar su imagen y arruinar su carrera política al publicar por las redes sociales que él es el padre de su hijo, si es que no le seguía dando dinero, siempre según la acusación del político liberal.

A pesar de requerimiento fiscal, entre las medidas alternativas a la prisión impuestas por el juez Jorge Garcete, se encuentra la prohibición del salir, pero solo del país, y el magistrado englobó los otros llamativos pedidos con la prohibición de no atentar de ninguna forma contra la intimidad personal o familiar del diputado Buzarquis.

Por otro lado, el agente fiscal reconoció que fundamentó la imputación solo en las testificales propuestas únicamente por la víctima, sin llamar a la sospechosa para que brinde declaración indagatoria. El representante del Ministerio Público indicó que aunque normalmente primero se le da al sospechoso el derecho a que declare, aseguró que no existen impedimentos legales para imputarla antes de llamarla a declarar. Igualmente, a través de su abogado, Claudia Silvero pidió postergar la indagatoria.

Se presume que la maniobra habría sido con el objetivo de tratar de evitar que el caso tome notoriedad pública. El hecho se denunció el martes 14 de abril, pero la denunciada no tuvo conocimiento de la causa en su contra hasta nueve días después.

Vera Ovelar negó que hayan actuado con celeridad y en contubernio con el Juez Jorge Garcete, ya que según él, la imputación se presentó el 20 de abril y el magistrado inició el proceso penal recién tres días después, no al día siguiente como se denunció.

El fiscal agregó que están gestionando cruces de llamadas y extractos de mensajes de texto, para ir confirmando la existencia de los delitos de extorsión y coacción. Recalcó que la causa penal es totalmente independiente al hecho de que Buzarquis sea o no el padre de la procesada.