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En conversación con la 780 AM, la agente del Ministerio Público expuso las pruebas sobre las cuales se basó el Tribunal para aplicar la pena de 35 años de cárcel para Carlos Ramón Espínola, Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Arístides Vera, Roque Rodríguez y Gustavo Lezcano.
“Se presentaron pruebas y no hay nada que objetar en este proceso”, manifestó al referirse a las críticas de los familiares de los condenados.
La fiscala señaló que una de las evidencias es un video en el cual aparecen Roque Rodríguez y otros componentes del Partido Patria Libre.
Las imágenes son de la reunión del comité político de la nucleación, que decidió la muerte de Cecilia Cubas, según explicó.
Indicó que en una entrevista con la 780 AM, el propio Agustín Acosta reconocía la existencia de aquel comité, aunque luego se desdijo ante los magistrados.
Otra prueba constituye la computadora de Osmar Martínez, condenado a 35 años de cárcel por el secuestro, mencionó la agente.
Igualmente, el Tribunal se basó en una agenda en la cual se asentaban los resultados de los encuentros entre los dirigentes.
Al ser abordada sobre el motivo por el cual el EPP mató a Cecilia Cubas, la agente del Ministerio Público señaló que fue producto de una discusión entre los secuestradores y la familia.
“Era como darle un castigo ejemplar, demostrar qué les pasaba a quienes no cumplen con ellos”, manifestó.
Indicó que la familia de la joven incluso pagó el rescate el 12 de noviembre de 2004; sin embargo, los captores solicitaron más dinero en concepto de “intereses” por quebrantamiento de “las reglas”.
“En una reunión en diciembre ya se venía hablando de la posibilidad de ponerle punto final”, manifestó.
Indicó que los secuestradores señalaban que “la fruta se estaba pudriendo”.
Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de setiembre del 2004. Su cuerpo fue encontrado el 16 de febrero de 2005.
La fiscala Sandra Quiñónez señaló la necesidad de estar atentos a la posible expansión del EPP a otros departamentos del país.
Indicó que en su manual figura la necesidad de establecer grupos en varios puntos, además de Concepción y San Pedro.
“No hay que descartar la posibilidad”, señaló al ser abordada sobre la posibilidad de una expansión hacia el Chaco, donde esta semana fue atacada una estancia.
Respecto a la posible presencia en Ñacunday, Alto Paraná, la fiscala aseguró no tener datos sobre el tema.