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Los fiscales Vanesa Candia y Adolfo Santander también formularon acusación contra la misma persona por asociación criminal, producción y uso de documentos no auténticos en calidad de autor, en el marco de la investigación del megaatraco a la firma Prosegur.
Según un informe del Ministerio Público, el requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró, donde los representantes de la sociedad solicitaron la elevación de la causa a Juicio Oral.
De acuerdo a la acusación fiscal, el grupo comando conformado por al menos 50 hombres utilizó como base de operaciones la casa de Néstor Ariel Palma Bustamante, en el barrio San José, de Ciudad del Este.
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Desde allí habrían partido los criminales con armas largas y explosivos para tomar por asalto el local de la firma de caudales ubicado en el Kilómetro 3,5 de Ciudad del Este, y robar la suma de US$ 11.720.255, en la madrugada del 24 de abril del 2017. En la oportunidad, los delincuentes asesinaron al suboficial de policía Sabino Ramón Benítez.
Tras el multimillonario robo, la Fiscalía allanó la vivienda de Palma y requisó evidencias relacionadas con el atraco, como cartuchos calibre 762, calibre 5.56 y calibre 50, además de chalecos tácticos y antibalas, pasamontañas, uniformes tipo militar, cajas de clavos “miguelitos” y otros objetos comprometedores.
Según la pesquisa, con el propósito de desviar la investigación sobre su participación en el hecho punible, Palma Bustamante falsificó una autorización concedida supuestamente a Sugar Inmobiliaria, a fin alquilar su casa, y luego fraguó un contrato privado de locación entre Carlos Fabián Villalba, en representación de la referida empresa, y Sixto López Cristaldo.
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Sin embargo, la Fiscalía constató que la autorización expedida a Villalba era apócrifa, considerando que en el momento de la presunta firma este último se encontraba en la Argentina realizando un tratamiento médico.
El Ministerio Público, igualmente, comprobó que el contrato de alquiler firmado presuntamente por Villalba con López Cristaldo presentaba anomalías, atendiendo que el número de cédula del primero no coincidía con el verdadero.
Además, en ese momento, Villalba se encontraba fuera del país y López Cristaldo estaba recluido en una cárcel de Pedro Juan Caballero. Asimismo, la certificación de firmas del contrato obrante ante la escribanía de Enzo Doldán correspondía a un poder general otorgado al abogado Jorge Orué y no a una certificación.
En este mismo caso, la Fiscalía inicialmente había imputado en rebeldía a los brasileños Alcides Pereira da Silva Junior, alias Magrão; Leandro da Silva, José Roberto Alves Monteiro, Douglas Ribeiro da Silva, Eduardo Gomes Soares, Edson Moreira Gomes, Alex Sandro Magalhães dos Santos y Denilson Moreira Dias y José Luis Cardozo de Almeida.
Asimismo, están imputados en rebeldía Claudinei Boera dos Santos, alias Talento; Manuel do Nacimento, alias Coyote; César Bonotto Cavalcante, alias Kaio; Sergio Cubas Toledo y Alcides Acosta Maidana. Todos ellos están con pedido de captura nacional e internacional.