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Ayer se corrió traslado a la Fiscalía General para que analice las acciones y presente un dictamen dentro del plazo de 18 días hábiles, que la Corte tendrá en cuenta a la hora de resolver la inconstitucionalidad.
El 18 de julio pasado, los asesores jurídicos de la Itaipú y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) plantearon una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la exigencia de la Ley 5.189 de publicar la lista completa de funcionarios con salarios, gratificaciones y otros beneficios extras.
Los ministros que integran la sala constituccional -Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Víctor Nuñez- aún no analizaron ni admitieron el recurso por la Itaipú y Yacyretá. Dicha ley de acceso a la información ya entró en vigencia e incluye a las entidades, según estipula la normativa.