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En dicha manifestación, tanto el intendente César González López (PLRA) como el presidente de la Junta Municipal, Augusto Recalde (PLRA), acompañados por miles de pobladores, llegaron hasta la sede del juzgado y entregaron una nota a la jueza, pidiendo su renuncia, debido a que supuestamente había elevado un informe a un colega suyo de Asunción. Este documento fue utilizado para otorgar una resolución por la cual se debía desalojar a pobladores de las localidades de Añaretãgua y Tapiracuãi Loma, según el intendente.
“La jueza de Paz presentó una denuncia en la Superintendencia de Justicia alegando su investidura sobre nuestra actuación en el día de la multitudinaria manifestación. Nosotros nos apersonamos en su despacho para presentar una nota invitándola a que renuncie a su cargo o que busque su traslado, porque existe un juicio que promovió el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en contra de pobladores de Añaretãgua y Tapiracuãi Loma”, explicó el intendente de Capiibary, César González López (PLRA).
Aseveró que fue en un juzgado de la capital que la jueza solicitó un informe a su par de Capiibary sobre la situación actual de dichas localidades. “Mirtha López se constituyó en los lugares y elevó un informe falso, en donde consta que las colonias están vacías y que no había mejoras. Ante esto, los afectados contrataron una escribana y corroboraron que era todo lo contrario”, señaló González López.
Resaltó que el magistrado se basó en el informe de la jueza de Capiibary, que ellos consideran falso, para sacar una resolución por la cual ordenaba el desalojo de las 120 familias asentadas en dichas colonias. “Por eso pedimos que renuncie y no descartamos una manifestación en su contra ahora, además de una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, advirtió el intendente liberal
Corte pidió investigar, dijo
Por su parte, la magistrada negó que haya presentado una denuncia en contra del intendente, y aclaró que sus superiores le habían pedido un informe pormenorizado sobre lo que había ocurrido. En base a eso, la propia Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía indagar al intendente y al presidente de la Junta Municipal, explicó Mirtha López Molas, al ser consultada.