Las horas que transcurrieron para ordenar captura de Messer

La auditoría hecha por la Corte muestra que el trámite para que se ordene la captura de Darío Messer implicó más de 13 horas de trámite entre la Fiscalía y la decisión tomada por la jueza Griselda Caballero.

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Desde que la Policía Nacional ingresó el pedido de detención de Darío Messer, buscado por lavado de dinero en Brasil, hasta remitir el documento al Poder Judicial, transcurrió 13 horas y 23 minutos, según la auditoría de gestión realizada por la Corte Suprema de Justicia.

La Policía presentó el informe al Ministero Público a las 13:30 del jueves 3 de mayo pasado, luego la Fiscalía de Asuntos Internacionales remitió a las 14:51 el pedido de captura internacional a su par de la Corte Suprema de Justicia y ésta última instancia elevó el pedido a la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial a las 17:50. El sello de la Mesa de Entrada Jurisdiccional se dio recién a las 07:13 del viernes 4 de mayo.

Al respecto la jueza que se encontraba de turno, Griselda Caballero, manifestó que en ningún momento fue puesto a su conocimiento la nota del Ministerio Público “ya que la nota nunca estuvo dirigida” a ella.

Alega que sí existió la nota destinada a la “mesa de entrada jurisdiccional” a través de la cual el abogado Julio Shupp solicita la designación de un Juzgado Penal de Garantías, la cual tuvo origen en la nota remitida desde el Ministerio Público.

En ese sentido, la magistrada argumenta que ambas notas solicitaban la asignación de un juez penal de garantías para dar trámite al dictamen del fiscal adjunto, Edgar Moreno y a las documentaciones relacionadas al pedido de detención preventiva con fines de extradición de Darío Messer.

En la auditoría de gestión se refiere que, según el acuerdo de extradición entre los estados que integran el Mercosur, este procedimiento será cumplido con la “máxima urgencia por parte del Estado requerido y de acuerdo a su legislación”.

Los resultados de la auditoría fueron puestos a disposición de la Superintendencia General de la Corte y la Oficina de Quejas y Denuncias de la máxima instancia judicial.

 

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