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El proyecto presentado por los diputados colorados Dany Durand y Óscar Tuma “insta a la Secretaría del Ambiente a cumplir con la Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), de la cual forma parte el Parque Nacional Defensores del Chaco, como área silvestre bajo dominio público”.
Así también, se aprobó hoy un pedido de informe dirigido a la Secretaría del Ambiente (Seam), al Instituto Forestal Nacional (Infona) y a la Fiscalía del Medio Ambiente. Se pide a todas estas instituciones que en menos de 15 días remitan información sobre el estado de la deforestación en el Parque Nacional Defensores del Chaco, que es el área protegida donde está asentado el Cerro León. La propuesta fue de la senadora liberal Blanca Lila Mignarro.
El tema ya motivó un amplio debate ciudadano en los últimas semanas y movilizaciones en contra de la posible depredación del Parque Nacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendría intenciones de realizar una prospección de la zona para ver las posibilidades de explotación de una cantera para la extracción de piedras y de yeso. A esta iniciativa se oponen organizaciones ambientalistas y ciudadanas en general. No obstante, algunos sectores defienden la necesidad de utilizar los recursos naturales y “abaratar costos”.
Con respecto a la declaración a ser tratada hoy, el diputado Tuma indicó que la iniciativa surge ante el insólito caso de que la propia Seam apelara la decisión del juez Rubén Riquelme, quien había ordenado no ejecutar la extracción de rocas y otros minerales del Cerro León. El legislador colorado dijo que era “un absurdo, de mal gusto, que la propia entidad encargada de velar por el medio ambiente esté pregonando y planteando acciones judiciales para incurrir en una irregularidad en torno al Cerro León”.