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Según datos de la institución, la ANDE dejó de facturar por estas conexiones piratas G. 1.623 millones al año. Entre los usuarios ilegales se encuentran incluso lujosas residencias y comercios pequeños y medianos.
"Las pérdidas que representan las conexiones irregulares significan una monto bastante importante; estamos hablando de cerca de 40 a 50 millones de dólares al año", remarcó Víctor Romero, titular de la ANDE en conferencia de prensa.
De dicha pérdida, la ANDE espera recuperar unos G. 3.228 millones, aunque aún existen varios lugares donde se seguirán realizando controles para frenar esta práctica irregular pero común. Entre los lugares ya intervenidos, figuran ciudades como Luque, San Lorenzo, Capiatá, Limpio, Itá e Itauguá y fueron en total más de 7.000 viviendas las verificadas.
Romero igualmente indicó que instan a la Fiscalía, donde ya presentaron un centenar de denuncias contra usuarios piratas, "para que hagan las investigaciones pertinentes para llegar al fondo de la cuestión; es decir, identificar a los responsables del robo de esa energía y que se le puedan aplicar las multas y la pena que está tipificada en el Código Penal".
Cabe recordar que quienes incurren en este delito se exponen a multas e incluso penas de cárcel de hasta tres años, según el artículo 173 del Código Penal.